Hasta hoy ha trabajado para Hacienda, ahora todo lo que gane irá a su bolsillo

En 2021, los españoles habrán dedicado, de media, un total de 193 jornadas de renta para cumplir con sus obligaciones con Hacienda. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal, que Fundación Civismo calcula anualmente, llega el 13 de julio. A partir del día de hoy el contribuyente no pagará ni un euro hasta final de año a Hacienda por el trabajo que realiza. 

 Este día se retrasa considerablemente con respecto a la fecha de 2020. Esto se debe a que, por un lado, en 2021 se incluyen no sólo las rentas salariales, sino también las rentas profesionales y del ahorro. Y, por otro lado, a un conjunto de impuestos que hasta ahora los modelos que se usaban no recogían correctamente, además de los nuevos tributos aprobados en 2021 y las modificaciones fiscales de los ya existentes tanto en el Estado como en las CC.AA. De esta forma, se rompe la tendencia estable o a la baja de los últimos años.

 Teniendo en cuenta que 2021 tiene 365 días, se obtiene como resultado 193 días necesarios de renta familiar para pagar los tributos que son de obligado cumplimiento durante el presente año, habiendo incorporado todas las novedades fiscales relevantes hasta la presente. Dado que el Día de la Liberación Fiscal es aquél en el que, ya a partir de ese momento, queda toda la renta disponible para consumir y ahorrar, el DLF es el 13 de julio.

La presión fiscal asciende 10 puntos 

En el último año, la presión fiscal sobre las familias españolas se ha incrementado en 3,84 puntos porcentuales, a pesar de que sus rentas han disminuido un 7,34% en el mismo período (primer trimestre de 2021 frente a primer trimestre de 2020) y el pago de impuestos totales brutos se ha mantenido invariante. Desde el primer trimestre de 2019 (momento en que entró en vigor la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional), la caída acumulada de la renta familiar es del 5,95% mientras que el pago de impuestos se ha incrementado un 5,34% en el mismo periodo.

A pesar de la reducción de la renta familiar, los impuestos, tanto en términos nominales como relativos, han continuado subiendo. Además, tal como muestra el último dato del primer trimestre de 2021, hay una alta probabilidad de que sigan subiendo en los próximos trimestres, debido a que las obligaciones fiscales están ascendiendo más rápido que la capacidad de pago de las familias.

Si bien la tendencia alcista en la presión fiscal se ha acentuado en los últimos dos años, no es un fenómeno exclusivamente del presente. En las últimas dos décadas (partiendo del dato del cuarto trimestre de 1999), el pago de impuestos totales por parte de las familias se ha incrementado en términos anuales acumulativos un promedio del 3,79%, mientras que, en el mismo período, la suma de las rentas del trabajo y las rentas del capital han subido anualmente una media del 2,84%.

Por tanto, los impuestos han subido en los últimos 22 años por encima de lo que han subido las rentas. Dicho de otra forma: una familia española media paga hoy 10 puntos más en impuestos que a finales del siglo XX. Teniendo en cuenta que el ciclo económico completo parte de 1999-2000, los 10 puntos de subida de impuestos lo son de carácter estructural, es decir, con enorme dificultad de revertir esta situación.

El mapa de los impuestos en España

A nivel autonómico, los cambios más relevantes a efectos de fiscalidad real efectiva son los siguientes (dejando a un lado los cambios en deducciones de escasa relevancia para la generalidad de los contribuyentes), distinguiendo tres modelos diferenciados en la aplicación de la política fiscal en el ámbito de sus competencias. En las regiones donde se continúa rebajando la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y la riqueza son Andalucía, Murcia y Castilla y León. Las regiones donde la presión fiscal aumenta son en la Comunidad Valenciana y Cataluña (efecto de la subida fiscal aplicada en 2020) y en las regiones forales no ha habido cambios significativos, pero con potencial de subida fiscal en función de las necesidades de gasto público y la asunción de más competencias estatales.