Industria inicia el proceso para aplicar el decreto del carbón

Madrid.- El Ministerio de Industria ha iniciado el procedimiento para aplicar el Real Decreto que prima el consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas, una norma que el Gobierno aprobó en octubre de 2010 pero que todavía no se ha puesto en marcha por la oposición de las eléctricas y la Xunta de Galicia.

El primer paso ha sido la aprobación de una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fija las cantidades de carbón autóctono que se deberán consumir en 2011, el volumen máximo de producción de las centrales afectadas por la norma y la retribución de la energía producida.

No obstante, para que se pueda aplicar el Real Decreto faltan aún dos pasos: la aprobación por el Consejo de Ministros de una Orden Ministerial que debe fijar, entre otros aspectos, la metodología de cálculo de los derechos de emisión de CO2 y la definición de los procedimientos de operación que deberán servir de guía al gestor técnico del sistema, Red Eléctrica de España (REE).

El proceso se ha puesto en marcha coincidiendo con la decisión de las compañías eléctricas -Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- de retirar la petición de medidas cautelares que habían planteado ante el Tribunal de la Unión Europea (UE) para paralizar la aplicación de la norma. La Xunta de Galicia se ha desmarcado de esta iniciativa y mantiene su petición de suspensión cautelar.

Las eléctricas y la Xunta habían pedido en enero al Tribunal de Luxemburgo que suspendiera la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar el Real Decreto del Carbón.

En España, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han optado por no decretar la suspensión cautelar de la norma.

En la vertiente laboral, la situación también se ha aclarado tras el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana por la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012.

Según este acuerdo, Industria se compromete a pagar las ayudas al sector del carbón correspondientes a 2011, las empresas del sector a retirar los expedientes de regulación de empleo (ya que las ayudas están ligadas al mantenimiento de los puestos de trabajo) y los sindicatos a desconvocar las movilizaciones.