El inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu ha ratificado ante la juez María Núñez Bolaños, quien comanda el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, un informe emitido en 2014 en el que junto a otro inspector de Trabajo, señala que el sistema de ayudas directas por el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz) constituyó una "simulación de relaciones laborales" que incumplía la "normativa específica", para "dar cumplimiento a los compromisos políticos" del Gobierno andaluz.
En el marco de la macrocausa relativa a las presuntas irregularidades y desvíos detectados en la tramitación y destino de las subvenciones autonómicas en materia de formación profesional para el empleo, Uruburu ha testificado este viernes ante la juez, con relación a la pieza separada relativa al entramado empresarial vinculado al consejero de Hacienda Ángel Ojeda.
Cabe destacar, en ese sentido, que las empresas del Grupo Prescal, vinculado a Ojeda, habría recibido con cargo al programa 32D, dentro del dispositivo creado a cuenta del cierre de la planta gaditana de Delphi, unos 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación.
A la hora de testificar ante la juez, el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu, según han informado a Europa Press fuentes del caso, ha ratificado el informe que elaboró en 2014 junto al también inspector Roberto Álvarez. En dicho informe, recogido por Europa Press, se detalla "la existencia de un sistema de subvenciones directas concebido por la Junta de Andalucía con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría".
"SIMULACIÓN DE RELACIONES LABORALES"
"Las subvenciones se destinaron a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de la citada planta, con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones, además de a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo y a financiar prejubilaciones en términos distintos de los previstos legalmente. El sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y para el presupuesto de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía", resume el informe.
"La Junta de Andalucía ha destinado fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del Estado. También ha dedicado fondos de sus presupuestos a fines diferentes de los previstos legalmente, desatendiendo las medidas para favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral que perseguía el Plan para la Bahía de Cádiz", concluía dicho informe.
Tras ratificar el mencionado informe, Uruburu habría precisado que el mismo abarca los aproximadamente 105 millones de euros dedicados a contrarrestar la clausura de la factoría de Delphi y no sólo los 33,3 millones de euros adjudicados por dicho concepto al grupo de empresas Prescal. En cualquier caso, habría incidido especialmente en el tratamiento "ilegal" de las subvenciones, opinando que el consejero de Empleo que orquestó este sistema de ayudas, en este caso Antonio Fernández al ostentar dicho cargo entre 2004 y 2010, estaba "en concierto con las empresas para la simulación de los contratos". Y es que según el mencionado informe, las subvenciones a una serie de empresas para acciones de formación al colectivo de extrabajadores de Delphi se tradujo en "la simulación de una contratación laboral", para que pudiesen acceder a prestaciones.
EL "COMPROMISO POLÍTICO" DE LA JUNTA
Uruburu incluso habría insistido en la idea de que las anomalías e incumplimientos normativos detectados fueron cometidos para consumar "los compromisos políticos de la Junta de Andalucía", opinando que los mecanismos articulados para las subvenciones del programa creado a cuenta del cierre de Delphi implican una "malversación" del dinero público. Uruburu, además, habría mencionado ante la juez "sobresueldos y cobertura ilegal" a determinados afectados por el cierre de Delphi "en discriminación" de otros.
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