Investigan a funcionarios argentinos por anomalías en sistema para transporte

Buenos Aires, 31 jul.- La Justicia argentina investiga al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y a otra decena de funcionarios por presuntas irregularidades en el contrato para el control del sistema único de boleto electrónico (SUBE) en el transporte público de pasajeros, confirmaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal federal Ramiro González imputó a Schiavi, quien era secretario de Transporte al momento de la firma del contrato, además de varios funcionarios y empresarios que integraron el consorcio que se encargó de supervisar el sistema, encabezado por la firma británica Global Infraestructure.

González requirió además una serie de medidas en el marco de la investigación, abierta luego de que la prensa local revelara que el grupo contratado no tenía la capacidad técnica ni operativa para realizar el trabajo por el que el Ejecutivo le pagaría unos 65 millones de pesos (14,2 millones de dólares).

El fiscal pidió al Gobierno de Cristina Fernández que informe sobre el grado de ejecución del contrato, solicitó un informe al Fisco sobre las empresas que forman parte del consorcio, requirió datos sobre cuentas bancarias y las declaraciones testimoniales de dos personas que figuran como empleados de esas compañías.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, deberá resolver ahora sobre los requerimientos del fiscal, detallaron los portavoces.

El sistema SUBE está basado en tarjetas electrónicas con crédito cargado para poder viajar en autobuses, trenes y el metro, y es utilizado por unas 11 millones de personas.

Según las investigaciones de la prensa, la firma inglesa que lidera el consorcio no cuenta con oficinas en Argentina y en su sede del Reino Unido funciona en realidad una peluquería.

El ministro argentino del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, admitió días atrás que se detectaron "anomalías" en el contrato para el control del sistema, que fue firmado en marzo de 2011 y contó con financiación del Banco Mundial.

En este marco, el Gobierno argentino suspendió el contrato y anunció que asumirá con personal propio el control del sistema único de boleto electrónico.

Al frente de Global Infraestructure figura, según los reportes de medios locales, el consultor inglés Stephen Chandler, quien aseguró que el contrato, al que tachó de "viciado" y afirmó que "huele a corrupción", fue firmado sin su consentimiento, según dijo al diario bonaerense La Nación.

Chandler señaló que el contrato contenía "irregularidades", como la inclusión de salarios para personas que no prestarían efectivamente servicios para este proyecto.

El consultor agregó que advirtió de estas anomalías a sus socios locales en el consorcio -las firmas Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA)-, a la Secretaría de Transporte de Argentina y al Banco Mundial (BM), que financió la puesta en marcha de la tarjeta SUBE para el transporte público de pasajeros.