Marta S. G., una joven treinteañera que acaba de ser madre, podría convertirse en la primera persona en España que sufre un embargo por no pagar un crédito universitario que contrajo hace ocho años con Unicaja. Su caso, hasta ahora excepcional, podría ser sin embargo el primero de un larga lista, ya que hay casi 5.000 jóvenes con serias dificultades para afrontar el pago de su Préstamo Renta Universidad, una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que financió estudios a más de 12.000 universitarios.
Marta apenas tiene 800 euros en su cuenta bancaria, pero debe más de 18.000 a su banco. Su situación es crítica, como lo es la de la mitad de los jóvenes que confiaron en unos créditos ideados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que han sufrido lo peor de la crisis, están en paro o cuentan con empleos precarios. Lo solicitaron cerca de 12.000 estudiantes, pero muchos de ellos viven ahora una auténtica pesadilla y no cuentan siquiera con la posibilidad de que sus familiares les ayuden a afrontar una elevada deuda.
El crédito concedido a estos jóvenes partía de un interés cero y con la posibilidad de prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000 euros, pero sus condiciones se fueron endureciendo y como consecuencia llegaron los primeros impagos. La sentencia que ha puesto contra las cuerdas a Marta ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid y es firme. Así lo reconoce Miguel Ángel Llamas, abogado de la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad.
"Nos vamos a personar en la causa y pediremos la nulidad de las actuaciones. Confiamos en que el juzgado rectifique porque la ley es clara en este sentido y el contrato que firmaron los estudiantes dice claramente que es el Ministerio de Educación y la Agencia Tributaria son los responsables del cobro de las cantidades no pagadas, y no el banco", afirma Llamas.
“Los bancos no puede reclamar ese dinero. A esta chica le han dicho desde el Ministerio que el banco no puede reclamar ese dinero. Hay que tener un poco de rigor. Y encima se contradicen según que portavoz te encuentras”, declara Llamas. "El banco ha colado en los juzgados su reclamación y me atrevería a decir que ha actuado con temeridad”, asegura Llamas a La Información.
Desde Unicaja, la entidad que concedió el préstamo, se asegura que están trabajando en una solución razonable. Además, confirman que el embargo está parado. "Son fondos del ICO, que es quien hace de gestor, ya que no pueden dar directamente el préstamo. El Ministerio de Educación se lo da al ICO y éste a las entidades bancarias. Las cantidades venían marcadas", admite. Y añade: "Somos los entidades bancarias las que responden por la deuda, ya que la entidad es la responsable de hacer llegar al ICO la cantidad prestada a los estudiantes".
Ante estas situaciones, los portavoces de Unicaja reconocen que atenderán caso por caso y mirarán con lupa cada situación "tratando de conjugar la faceta social con la financiera, ya que tenemos que defender tanto los intereses de los accionistas y los activos del banco".
Los préstamos universitarios de Zapatero
Entre 2007 y 2011, el Ministerio de Educación concedió más de 12.000 préstamos renta universidad para financiar los estudios de máster y doctorado. El Departamento creaba así un sistema de préstamos ligados a la obtención de una renta futura, de manera que los titulados universitarios sólo debían devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros. Si no los alcanzaban, no tenían que reintegrar el crédito, que se convertía en una especie de beca.
La deuda quedaba extinguida a los 15 años, si no se alcanzaba dicho nivel de ingresos. En un principio, el tipo de interés era cero, aunque en 2008, 2009 y 2010, las condiciones se hicieron más duras y desapareció la condición por la cual, si la renta del beneficiario no llegaba a 22.000 euros, quedaba libre de la deuda.
En la primera convocatoria, la de 2007, casi 3.500 alumnos recibieron cerca de 50 millones de euros. Sólo en los cuatro primeros días, 658 universitarios pidieron los créditos, que no necesitaban ni aval ni garantía. Pese a que las condiciones empeoraron, en las dos siguientes casi 11.000 siguieron solicitando préstamos, pese a que las perspectivas de acabar pagando eran cada vez menores. En la cuarta convocatoria, apenas 2.200 universitarios solicitaron el crédito, en un momento en el que la crisis económica era más que patente. En total, la iniciativa repartió casi 180 millones de euros -una buena parte todavía no se ha pagado- de una línea de crédito que preveía 450.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno, en noviembre de 2011, acabó con este programa. A través de una orden ministerial publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo de 2012, el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, derogó la normativa que regulaba los préstamos Renta Universidad. Consideró que los créditos eran muy costosos y recordó que para hacer el máster ya había becas.
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