Justicia anuncia la convocatoria de 50 plazas para jueces y fiscales en 2013


El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, anunció este martes la convocatoria de 50 plazas para jueces y fiscales en 2013, y confirmó también que la nueva regulación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se tramitará con tiempo para estar vigente en la renovación prevista para septiembre de ese mismo año.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar los Presupuestos de su departamento, explicó que se convocarán esas plazas para “acabar con el elevado nivel de interinidad, que incide negativamente en el servicio”, y serán una excepción en las restricciones de empleo público.
Una de las prioridades de Justicia es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en ese sentido confirmó que la nueva regulación del CGPJ será tramitada de forma independiente “para llegar a tiempo” a la renovación de 2013.
Después se integrará en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma requiere “el máximo consenso” y por eso el Gobierno está ya negociando con los grupos parlamentarios, según aseguró.
El presupuesto de Justicia para 2013 es de 1.507,8 millones, más 123,7 para los organismos adscritos y los 62,78 del CGPJ, con una reducción conjunta del 4,21%, menos del 8,9% de media en los Presupuestos Generales del Estado.
El objetivo expuesto por Román es garantizar que el ajuste impuesto por las circunstancias económicas “no supone merma en el servicio público ofrecido”.
El Gobierno cree que los problemas de la Justicia derivan sobre todo del “agotamiento” del modelo y de un índice de litigiosidad muy superior a la media de los países del entorno, y la meta es lograr un sistema de resolución de conflictos “ágil y efectivo”.
Aunque las reducciones presupuestarias son inferiores a la media de los Presupuestos, son “importantes” y hay que “priorizar los proyectos a realizar”.
Los Presupuestos son austeros, afirmó, “pero son los mejores que podemos esperar en la actual coyuntura” porque están pensados para asignar los recursos disponibles “de manera correcta y racional” y con visión de futuro para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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