Estrasburgo (Francia).- El comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla, garantizó hoy una vez más que Bruselas no permitirá que las decisiones de General Motors (GM) sobre el futuro de las distintas plantas europeas de Opel se vean afectadas por acuerdos políticos con los gobiernos.
"La Comisión seguirá con actitud vigilante para garantizar que si al final entra en juego una ayuda pública, la reestructuración de Opel siga basada exclusivamente en argumentos económicos y no se vea influida por condiciones no comerciales vinculadas con la financiación pública", señaló Spidla.
En una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo (PE), el comisario subrayó que Bruselas se asegurará de que "el reparto geográfico de los esfuerzos de reestructuración no se vea alterado por consideraciones políticas".
La empresa tiene previsto solicitar próximamente de forma oficial ayudas a los Estados en los que tiene fábricas, como parte de su plan para reestructurar el negocio.
Spidla se encargó hoy de defender el trabajo del Ejecutivo comunitario en el expediente de Opel ante las críticas de un buen número de diputados, que consideraron que Bruselas no ha hecho lo suficiente para proteger los empleos en Europa.
"General Motors se ha impuesto ante la Comisión Europea (CE) y creo que eso no es aceptable", dijo el democristiano belga Ivo Belet, que consideró que "no se puede permitir que los gobiernos negocien a título individual" con la empresa, en lugar de plantear una oferta conjunta a escala europea.
En su opinión, serán "los más débiles" los que paguen las consecuencias.
El debate se centró sobremanera en el cierre de la planta de Opel en Amberes (Bélgica), que dejará sin empleo a más de 2.600 personas.
Sin embargo, también se hizo referencia a la situación de otras fábricas, como la española de Figueruelas (Zaragoza), donde la empresa planea despedir a 900 trabajadores.
La eurodiputada socialista española Inés Ayala criticó el plan de reestructuración de Opel al considerar que lo que hace es "reclamara ayudas a los Estados y sacrificios a los trabajadores".
Ayala pidió a la CE que deje de ser "un mero observador" y que impulse una nueva política industrial que garantice el empleo.
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