La CE propone multas a los países que no corrijan el déficit o tengan una pobre competitividad

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso hoy un grupo de leyes para endurecer la vigilancia sobre las políticas económicas nacionales, que amplía las sanciones contra los países derrochadores y también contra los que no remedien sus pérdidas de competitividad.

Los seis textos legislativos presentados hoy supondrán, de recibir la aprobación de los Veintisiete, el mayor impulso al gobierno económico europeo, con objeto de evitar nuevas crisis de deuda como la que puso en peligro a toda la región la pasada primavera.

Con estas medidas, exigidas con insistencia por Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) durante la crisis del euro, Bruselas desea endurecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, permitir la aplicación de sanciones ya en su fase preventiva y clarificar las normas para evitar la discrecionalidad.

Concretamente, Bruselas propone multas de hasta el 0,2% del PIB nacional para el estado que supere los límites de déficit y deuda (establecidos en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente), y del 0,1% del PIB para el que ignore las recomendaciones destinadas a corregir graves desequilibrios macroeconómicos.

En el caso de un hipotético procedimiento contra España, estas multas podrían ascender hasta unos 2.000 millones de euros.

Si las propuestas sigan adelante, las sanciones podrían aplicarse incluso a los estados que, sin haber superado los límites, se desvíen del objetivo de equilibrio a medio plazo, lo que acarreará la imposición de un depósito del 0,2% del PIB que generará intereses y que será reembolsado si el país corrige su situación.

El Pacto de Estabilidad ya prevé sanciones para los países con déficit excesivo, aunque nunca han llegado a aplicarse. Fue flexibilizado en 2004 para evitar que Alemania y Francia fueran sancionadas.

Por este motivo, con objeto de garantizar la ejecución de los castigos, la Comisión desea revertir el proceso previsto para vetar sus propuestas de sanción de modo que éstas sean automáticamente adoptadas a no ser que una mayoría cualificada de países vote en su contra en el Consejo de Ministros, en un plazo de diez días.

La Comisión propone completar la vigilancia presupuestaria con nuevas normas de supervisión de los desequilibrios macroeconómicos, que han ido agrandándose desde el nacimiento de la unión monetaria y se han acentuado con la reciente crisis, especialmente en los países del sur.

El último informe de competitividad elaborado por la Comisión reflejaba que, mientras algunos países como Alemania cuentan con importantes superávit comerciales y una demanda interna demasiado débil, otros como España han visto reducir la cuota de sus exportaciones en el comercio mundial, en línea con el deterioro de su competitividad, la alta inflación y la estancada productividad.

Para solucionar estas divergencias, la Comisión ha propuesto poner en marcha un marcador con indicadores numéricos aunque, a diferencia de los parámetros de deuda o déficit, no serán vinculantes a la hora de sancionar.

En el caso de que el marcador refleje graves problemas en un país, la Comisión recomendará al Consejo la apertura de un nuevo tipo de "procedimiento por desequilibrios excesivos", que incluirá recomendaciones de corrección y obligará al país a adoptar un plan para enderezar su situación.

El castigo llegará si Bruselas considera que el país en cuestión ha desoído los consejos de manera repetida y conllevará una multa anual equivalente al 0,1% del PIB nacional del país hasta que éste se decida a enmendarse.

España es uno de los pocos estados que ha mostrado reticencias a estas multas por deterioro de la competitividad, como expresó esta misma semana la ministra de Economía, Elena Salgado.

A este respecto, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, explicó hoy que las sanciones no se aplicarán a los países poco competitivos, sino a los que insistan en no seguir las recomendaciones de Bruselas.

Rehn repitió que su objetivo es que el conjunto completo de propuestas esté en vigor en el verano de 2011, a tiempo para la próxima ronda de evaluaciones de las políticas económicas de los países.

El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, por su parte, quiso tranquilizar a los endeudados países de la zona euro y aseguró que las multas no se aplicarán con carácter retroactivo para los quince países de la región que están inmersos en procedimientos por déficit excesivo, entre ellos España.