La CECU tilda de "tremendo retroceso" el aumento de las tasas judiciales

  • La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha mostrado su más firme oposición al proyecto de ley de tasas judiciales aprobado por el Gobierno, ya que considera que supondrá una "tremendo retroceso" y una importante traba para que los ciudadanos puedan reclamar y hacer efectivos sus derechos.

Madrid, 12 nov.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha mostrado su más firme oposición al proyecto de ley de tasas judiciales aprobado por el Gobierno, ya que considera que supondrá una "tremendo retroceso" y una importante traba para que los ciudadanos puedan reclamar y hacer efectivos sus derechos.

De esta forma se expresa la CECU en un comunicado, en el que indica que este proyecto, que contempla una subida generalizada de las tasas para poder recurrir ante los tribunales, "supondrá una piedra más en la ya difícil tarea de animar a los ciudadanos a reclamar ante los tribunales sus derechos como consumidores".

En este sentido, destaca el trabajo de las organizaciones de consumidores con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de que acudan a los tribunales cuando sus derechos hayan sido vulnerados y hayan agotado otras vías extrajudiciales, como el arbitraje o la mediación, que a su juicio sí pueden suponer una solución a la saturación de la Justicia.

Asimismo, denuncia que la futura ley de tasas tendrá un efecto disuasorio, favorecerá el incremento de reclamaciones insatisfechas y acrecentará la vulnerabilidad y desigualdad de los consumidores frente a los operadores del mercado.

"Cuando un consumidor se enfrente a que los gastos judiciales son superiores a la cantidad que reclama y a ello se le añadan los graves problemas que atraviesa la justicia en cuanto a su lentitud y eficacia, abandonará todo empeño en reclamar lo que por ley le pertenece", afirma.

Las consecuencias de todo esto, a juicio de la CECU, es que se quedará sin efecto el derecho constitucional de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y resultarán impunes prácticas empresariales que deberían ser sancionadas.

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