La cne propone que el sistema eléctrico financie la energía no adquirida por las empresas en las subastas cesur

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) propone que el sistema eléctrico se ocupe de la cobertura financiera a la totalidad de la energía no adquirida por los comercializadores de último recurso (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, HC y E.ON) en las subastas Cesur (Subasta de Contratos Bilaterales de Energía para el Suministro a Tarifa, es decir, la subasta en las que se fija el coste de la electricidad).
De este modo, el regulador pretende ahondar en las ventajas que aporta la propuesta de real decreto del Ministerio de Industria, que tiene por objeto reducir el riesgo de los Comercializadores de Último Recurso (CUR) por la parte no adjudicada en las subastas Cesur.
El regulador concluye que la propuesta ministerial contribuirá a moderar el impacto de la regulación de las subastas Cesur en la Tarifa de Acceso que, además de representar un porcentaje cercano al 50% de la Tarifa de Último Recurso (TUR), es el soporte para la determinación del déficit tarifario.
Según la CNE, si el sistema realizara la cobertura financiera a la totalidad de la energía no adquirida por los CUR en las subastas Cesur "se completarían y acentuarían las ventajas que presenta la propuesta de real decreto".
Entre estas ventajas, el organismo que preside Maite Costa señala el traslado al consumidor de la totalidad -y no sólo una parte- del diferencial de los precios Cesur-Omel correspondiente a la cantidad de energía no adquirida por los comercializadores de último recurso en las subastas Cesur.
Asimismo, se elimina completamente -y no sólo parcialmente- el riesgo al que se refiere la propuesta de real decreto de que el CUR quede descubierto en determinadas horas.
Permite, también, la eliminación de la prima de riesgo incluída en la TUR y de las garantías que tendrían que aportar los CUR en la contratación de la energía del Régimen Especial.
Además, se desincentivan con mayor fuerza determinados comportamientos estratégicos de los grupos integrados y hay una mayor sencillez respecto al mecanismo de la propuesta de real decreto lo que, en consecuencia, simplifica la aplicación y gestión de la norma.