Madrid, 1 abr.- La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y el Ministerio de Economía han suscrito una acuerdo para garantizar la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, en vigor íntegramente desde el pasado 9 de marzo.
En el protocolo firmado se detallan las vías de comunicación, emisión de informes e intercambio de información entre ambas instituciones para la eliminación de obstáculos al acceso y al ejercicio de actividades económicas.
El objetivo es garantizar la "agilidad y eficacia" en la solución de los problemas que las empresas hayan detectado, con el fin de eliminar dichas barreras, explican la CNMC y el Ministerio de Economía en un comunicado.
En la nota se recuerda que las empresas, autónomos y asociaciones pueden presentar sus reclamaciones o informar de obstáculos y barreras a la unidad de mercado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Los escritos pueden presentarse en la ventanilla que se ha habilitado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad.
Además, la ley habilita a la CNMC a presentar recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra los actos o disposiciones de cualquier autoridad pública que limiten la libertad de establecimiento o circulación, bien por propia iniciativa o a solicitud de cualquier operador de mercado.
El principio de licencia única, en virtud del cual empresas y profesionales podrán ofrecer sus productos o servicios en toda España tras recibir autorización en una autonomía, entrará en vigor el 9 de marzo con la oposición de Andalucía, Cataluña, Canarias y País Vasco.
Las cuatro autonomías estudian recurrir la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que regula la licencia única, por considerar que invade sus competencias y desprotege a los consumidores, ya que, a su juicio, las empresas tenderán a implantarse en las comunidades con las normativas menos exigentes.
La normativa busca agilizar la actividad económica y evitar que siga habiendo empresas que se vean obligadas a fabricar 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir 17 licencias para adaptarse a las diferentes legislaciones autonómicas.
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