La Comunidad de Madrid reclama 5.583 millones de euros al Gobierno central

Madrid.- La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por parte del Gobierno central de dos reclamaciones por lo que considera una deuda por valor de 5.583 millones de euros.

Según la referencia del Consejo de Gobierno regional, esa deuda se deriva de "la no aplicación del principio de lealtad institucional contemplado en la Ley de Financiación Autonómica".

La Comunidad de Madrid apunta que, tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, el año pasado, el Gobierno central decidió conceder quinientos millones de euros a Aragón por la repercusión que sobre las cuentas de la región hubiera podido tener la bajada de los impuesto cedidos.

El Ejecutivo regional entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola Comunidad Autónoma quebraría el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución.

La Comunidad de Madrid presentó una reclamación en octubre por importe de 2.873 millones de euros por los menores ingresos recaudados por la región desde 2002 como consecuencia de la actividad legislativa del Estado en materia tributaria.

La otra, de diciembre último, solicitaba una compensación de 2.710 millones por el incremento de obligaciones de gasto sufrido por la Administración madrileña, y que no estaban inicialmente previstas en el sistema de financiación.

El Estado desestimó de manera expresa las dos reclamaciones mediante una resolución de finales de enero y ahora la Comunidad de Madrid ha ordenado a los servicios jurídicos que la recurran dentro del plazo legal de dos meses.

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno de la Nación una deuda de 18.831 millones de euros contraída por la no actualización de la población desde 1999 en el nuevo modelo de financiación autonómica.

La justifica en la falta de inversión del Ejecutivo central en los últimos seis años, el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad y la minoración de los ingresos de la región por las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria desde 2002.