Viernes, 06.12.2019 - 11:44 h
El último Presupuesto del PP marca la negociación

La oferta de empleo público de Batet choca con las limitaciones que fijó Rajoy

Gobierno y sindicatos tratarán de sacar adelante antes de final de mes una convocatoria con numerosas limitaciones para reemplazar funcionarios.

Rueda de prensa de Batet tras reunirse con los sindicatos de Función Pública
El órdago de Batet con el empleo público choca con la tasa de reposición de Rajoy. / Efe

El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública comenzarán a negociar la próxima semana -con unos plazos muy limitados- una Oferta de Empleo Público (OPE) que el Ejecutivo socialista tratará de rentabilizar de cara a los comicios generales que se celebrarán dentro de poco más de un mes. Sin embargo y pese a las intenciones de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, de convertirla en histórica y responder así a las demandas sindicales, los interlocutores se van a encontrar con un importante escollo: la tasa de reposición y las excepcionalidades para incorporar funcionarios recogidas en los Presupuestos de 2018.

Las fallidas cuentas de Pedro Sánchez, tras la negativa de los independentistas a respaldarlas, han convertido los últimos presupuestos de Mariano Rajoy en el eje de la negociación de la futura OPE. Pese a que el año pasado se convocaron más de 30.000 plazas de funcionario -la mayor cifra desde 2008-, los 'populares' recogieron numerosas limitaciones en el reemplazo de los trabajadores públicos y también importantes condicionantes vinculados al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Esto complicará notablemente una negociación que estará centrada en señalar los sectores prioritarios a los que deben ir los funcionarios.

Los mimbres con los que deberán trabajar los negociadores son insuficientes para cumplir con las peticiones de los sindicatos, que insisten en que para rejuvenecer la Administración es necesaria una tasa de reposición del 150% en algunos sectores. "Hay áreas en la Seguridad Social con empleados con mucha edad. En la atención al ciudadano hay un problema importante y los trabajadores que pueden optan por empleos en Instituciones Penitenciarias, donde encuentran incentivos. Hay que priorizar el Imserso o el Servicio de Empleo, en los que la edad de los trabajadores supera los 56 años", asegura Pilar Alcázar, portavoz de UGT en la Comisión Técnica Temporalidad de Empleo.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) llegará a la reunión con los responsables del ministerio con una propuesta concisa. Reclama una oferta pública de empleo similar a la de 2018. El sindicato hace hincapié en que casi 32.000 trabajadores de la Administración central tienen más de 60 años y 3.500, más de 64 años. En concreto, insta a reforzar la plantilla de instituciones penitenciarias (con 1.500 plazas), Seguridad Social y servicios de empleo público (5.000 plazas) y Agencia Tributaria (4.000 plazas). Además, reclama 6.500 plazas de promoción interna.

Mientras, la herencia del Presupuesto de Rajoy deja clara la línea a seguir. Contempla que se pueda cubrir la totalidad de las bajas en los sectores considerados prioritarios -más de veinte-, el 115% en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el 75% con carácter general. Además, fija una bolsa adicional del 5% para determinados sectores de la Administración, con plazas dirigidas principalmente a reforzar la atención de la Seguridad Social, la lucha contra el fraude, instituciones penitenciarias, prestaciones y políticas activas de empleo, emergencias o atención al ciudadano.

Una década marcada por la tasa de reposición

En enero de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero daba luz verde a la mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la democracia, 35.895 plazas para funcionarios, en el año en el que oficialmente se inició una crisis que ha durado casi una década y que el Ejecutivo socialista no quiso o no pudo ver. Apenas cinco meses después de aquel histórico anunció y todavía sin asumir totalmente la brutal desaceleración que se estaba produciendo, el propio presidente rebajaba ligeramente la previsión de crecimiento y anunciaba un conjunto de medidas para hacer frente a las "dificultades", entre las que se incluía una reducción en la OPE de 2009, que suponía un 70% menos de plazas que las de 2008.

Aquella decisión marcaba el inicio de casi diez años de congelación de la plantilla pública, que se acentuó con la aplicación a partir de 2011 de restrictivas tasas de reposición de efectivos en las administraciones hasta que en 2017, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, retomó la senda de las contrataciones y permitió sustituir todos los funcionarios que se jubilaban en sectores prioritarios -Sanidad, Educación, Justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal-, pero con limitaciones en el resto de las áreas, lo que facilitó ese ejercicio la entrada de 28.249 empleados públicos más. El pasado año, la oferta se amplió hasta 30.000 efectivos.

Ahora, Batet -que pretende aprobar la OPE de 2019 en el último Consejo de Ministros de marzo o en el primero de abril- y los sindicatos -que insisten en que debe hacerse antes de las elecciones- deberán encajar las piezas para que esas poco más de 30.000 plazas de funcionario se convoquen en los sectores que más lo necesiten y, sobre todo, en los que la plantilla pública está más envejecida, pese a contar con un márgenes ínfimos (y solo en algunas áreas) que en el mejor de los casos es del 15%.

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