La insolvencia de Pescanova obligará a la banca acreedora a hacer provisiones

Madrid, 9 may.- La insolvencia de Pescanova, sociedad que se encuentra en concurso de acreedores, obligará a la banca acreedora a realizar provisiones por prudencia contable, tanto por ser accionistas -la sociedad sigue suspendida de cotización- como por los créditos concedidos y los bonos convertibles suscritos.

Así lo han asegurado a Efeagro fuentes financieras que han detallado que será cada una de las entidades -en función de su riesgo- la que valore cuánto, cuándo y cómo dota esas provisiones en función de sus criterios de prudencia contable.

Una de las primeras entidades en contabilizar el impacto negativo de la insolvencia de Pescanova en sus cuentas ha sido el fondo belga Luxempart, que ha calculado en 48,22 millones de euros el impacto en su resultado consolidado de la participación que controla en Pescanova (del 5,8 %) tras valorar las acciones a cero y los bonos convertibles a 3,8 millones de euros.

Además, Luxempart ha anunciado que la empresa pesquera gallega aún tendrá un impacto negativo adicional sobre sus cuentas de 2013 en unos 4 millones de euros en el caso de una devaluación total del valor residual de los bonos convertibles.

Ha detallado que la pérdida aproximada de un millón de euros en la venta de una parte de los bonos convertibles, el 7 de marzo de 2013, ya está integrada en los estados financieros de 2012.

Entre las principales entidades bancarias acreedoras de Pescanova con importes que oscilan entre los 222 y los 126 millones de euros, figuran Banco Sabadell, Banco Popular, NCG Banco, Caixabank, Deutche Bank, Caixa Geral, Bankia y UBI Banca Internacional.

La deuda de Pescanova conocida hasta el momento asciende a 3.400 millones de euros, pero podría elevarse tras conocerse que el número de entidades bancarias acreedoras se ha duplicado respecto a las cifras conocidas inicialmente, hasta situarse en las 110 entidades.

Precisamente la banca acreedora mantiene hoy una reunión con Deloitte, administradora concursal de la empresa gallega, a quien le han pedido información adicional sobre la situación financiera de la compañía pesquera para conceder la línea de crédito urgente de 50 millones de euros que la auditora ha cifrado como necesaria para mantener la actividad de la compañía.