Sanz Olmeda ya declaró el pasado 20 de octubre como investigado ante el titular del juzgado central de instrucción nº 5, Santiago Pedraz, en la causa sobre la ampliación de capital realizada por el banco en 2012.
El recrudecimiento de los contagios por coronavirus en el gigante asiático arrastran al parqué neoyorquino mientras los analistas desconfían de que la mayor liquidez en el mercado chino impulse la demanda interna.
Tenía una dilatada trayectoria en el sector financiero y actualmente era uno de los principales accionistas de EBN Banco, entidad que lideraba.
El alto tribunal ha rechazado en la sentencia el recurso presentado por el banco contra otro fallo de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y ha explicado que no se informó bien de la complejidad del producto.
El expresidente de la entidad extinta ha negado ante el juez irregularidades en la operación y ha recordado que se realizó en un momento en el que el sistema financiero español estaba sometido a test de estrés.
Por primera vez prospera en segunda instancia un fallo a favor del consumidor y la entidad tendrá que devolver la totalidad de los intereses devengados por el índice declarado nulo.
Desestima el recurso que presentó la entidad, en la que rechazó excluirle del proceso, después de que el TJUE acordara que los accionistas que sufrieron pérdidas no podían reclamar compensación al Santander.
El encargado de revisar las cuentas del banco extinto afirma que se basó en las inspecciones del organismo supervisor español y del BCE de 2012 y 2014 e insiste en que era "improcedente" hacer alguna "salvedad".
En un informe ampliatorio del análisis entregado en diciembre de 2021, los funcionarios del Banco de España concluyen que el banco resuelto debía haber reflejado pérdidas por casi 1.020 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado la investigación, al menos, seis meses más para que los peritos ratifiquen sus informes y para dar tiempo al Banco Santander a encontrar documentos.
El expresidente de la entidad rebate el informe del Banco de España que concluye que en 2015 se debió declarar pérdidas por más de 1.000 millones y presenta un análisis sobre el Gobierno corporativo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción acuerda extender las pesquisas hasta el 29 de enero de 2023, si bien avisa de que podría dar por finiquitada la investigación antes de agotar esta última prórroga.
El fiscal puntualiza que el Banco Santander, que adquirió la entidad extinta por un euro, tiene todavía que remitir documentación de “indudable valor” para la causa. También quedan periciales del Banco de España.
El magistrado José Luis Calama rechaza la petición de archivo del exdirector de los servicios jurídicos del banco debido a que la investigación aún no ha terminado y quedan diligencias pendientes por practicar.
Se muestran a favor de que el Banco Santander sea excluido como responsable civil, pero creen que la exoneración se tiene que extender a ellos, ya que la ampliación de capital no fue en beneficio propio.
El Tribunal Supremo acepta revisar su jurisprudencia para aclarar si el banco que preside Ana Botín debe responsabilizarse también de las sanciones al banco extinto por el incumplimiento interno de las normas.
El organismo pone el énfasis en que se confirma la legalidad de su decisión, que fue apoyada por Bruselas y que ha desestimado la devolución del dinero a los accionistas o una compensación a los demandantes.
El Alto Tribunal de Luxemburgo ha desestimado en su totalidad los recursos presentados por parte de los afectados contra la resolución de la entidad bancaria en 2017.
Tras una época dorada, en la que llegó a ser catalogado como la entidad más rentable del mundo, se convirtió en el primer banco intervenido por parte de las autoridades europeas.
Los investigadores han recabado, por orden del juez que investiga el 'caso Popular', más de 1.400 testimonios de personas que fueron financiadas para participar en la ampliación de capital de 2016.
El tribunal con sede en Luxemburgo recuerda que los accionistas y acreedores del banco extinto son los que deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la resolución.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones.
El expresidente del banco extinto reprocha a Anticorrupción que trate de aplicar de manera retroactiva las conclusiones del organismo europeo y ponga en duda la "imagen fiel" de la entidad a finales de 2015.
La asociación AEMEC, que ejerce como acusación en el caso que investiga la Audiencia Nacional, considera que la "maliciosa gestión" de Emilio Saracho provocó la resolución de la entidad en junio de 2017.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones en 2016.
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