La justicia atribuye Ascometal al francés Sparkling, en detrimento de Gerdau

París, 22 may.- El Tribunal de Comercio de París decidió atribuir hoy la siderúrgica Ascometal al consorcio también francés bautizado Sparkling, en detrimento del brasileño Gerdau, que también había presentado una oferta por la compañía siderúrgica, que estaba en concurso de acreedores.

Los jueces se decantaron por el proyecto Sparkling, que está liderado por el antiguo "número uno" de Arcelor (ahora ArcelorMittal) Guy Dollé, asociado con Frank Supplisson, y que prevé mantener en actividad las seis factorías y la casi totalidad de los trabajadores (1.820 de los cerca de 1.900).

En un comunicado, el ministro francés de Industria, Arnaud Montebourg, se felicitó del dictamen del tribunal porque así se ha optado por "un proyecto que preserva el conjunto de las capacidades industriales de la empresa, que la mantiene en todos sus ámbitos de actividad y que recupera la casi totalidad de los empleos".

Montebourg anunció que el Estado va a acompañar a los nuevos propietarios mediante el recientemente creado "fondo de resistencia económica" que pretende "restablecer una política real de inversión que tanta falta ha hecho estos últimos años" a una empresa como Ascometal "estratégica" para los sectores franceses de la energía y del transporte.

El titular de Economía rindió homenaje a "la responsabilidad" que han mostrado los empleados de la siderúrgica durante "todo el periodo de incertidumbre" por el que ha pasado Ascometal.

Insistió en que ahora, junto a los dirigentes, los accionistas y el Estado deben "concentrar sus esfuerzos en su único objetivo: hacer de Ascometal lo que era hasta hace unos años, el líder de los aceros especiales".

Ascometal había quedado bajo control judicial desde el pasado 7 de marzo, después de que fracasaran las negociaciones entre su accionista, el fondo de inversión estadounidense Apollo, y los acreedores, los bancos Morgan Stanley y Bank of America.

Entre los cuatro candidatos a la compra, destacaba la oferta de Gerdau, que tenía el apoyo del administrador judicial.

Los brasileños proponían 390 millones de euros de financiación, conservar 1.586 empleos, a los que debían añadirse 166 nuevos contratados. Su intención era cerrar la unidad de Allevard au Cheylas y garantizar el mantenimiento de la actividad en los demás al menos durante siete años.