Madrid.- La Ley de Economía Sostenible, planteada por el Gobierno con el objetivo de reconducir la economía hacia un sistema más productivo, afianzar la recuperación y crear empleo, entra hoy en vigor.
Entre otros aspectos, la Ley contempla cambios en el sector del motor, con el objetivo de evitar contratos abusivos y promover la seguridad jurídica de los operadores económicos en el mercado de distribución de bienes y servicios, con especial atención a la protección de las pymes.
No obstante, los fabricantes y los concesionarios de automóviles firmarán este lunes el acuerdo que trata de dejar sin efecto esta enmienda a la Ley que permite a los distribuidores devolver los vehículos a los fabricantes al precio al que los compraron, si no se han vendido en dos meses.
El pasado 15 de febrero, el Congreso aprobó definitivamente la Ley de Economía Sostenible (LES), un año y medio después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la anunciara durante el debate sobre el Estado de la Nación (mayo de 2009).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy esta normativa, que ha tenido la tramitación más larga de toda la legislatura, debido en parte a su disposición final, que permitirá finalmente el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales por orden judicial.
Ésta disposición, que encontró el rechazo frontal de varios grupos parlamentarios y de una gran parte de la sociedad española, ha sido defendida por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, motivo por el que se la conoce como "Ley Sinde".
Además, la Ley modifica los órganos reguladores de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), lo que favorece una economía más innovadora y medioambiental.
Fija que el concepto de vida útil de las centrales nucleares sea determinado por el informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y no deja escrito que el límite de vida sean 40 años.
Otro punto importante se refiere a las plantas fotovoltaicas, ya que eleva de 28 a 30 años el periodo de retribución de estas instalaciones y que sus titulares pueden acceder a las líneas de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a los recortes.
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