La oposición pide reformas en una ley de segunda oportunidad que no funciona

  • Exigirán en el Congreso esta semana flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas.
Un centenar de pymes riojanas se surten sólo con energía renovable
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EUROPA PRESS

El PSOE y Ciudadanos pedirán esta semana en el Congreso una reforma de la actual Ley de Segunda Oportunidad que frene las ejecuciones hipotecarias para colectivos vulnerables o que facilite la exoneración de las deudas de pymes y familias a través de la dación en pago de su vivienda habitual.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Ciudadanos negocian un acuerdo para hacer más fácil los acuerdos extrajudiciales y garantizar una "verdadera segunda oportunidad" a particulares y pymes que han fracasado en sus negocios y se encuentran en situación de insolvencia.

Las dos proposiciones no de ley serán debatidas el martes en el pleno del Congreso e instan al Gobierno a que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social también puedan negociarse con un acuerdo extrajudicial para ser exoneradas, ya que hasta ahora sólo pueden ser condonados los créditos entre empresas.

"Si queremos innovar hay que asumir riesgos y en este país sale caro asumirlos. Para tener innovación y un sistema empresarial sano se necesita también liberar cargos", ha señalado a EFE el portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán.

PSOE y Ciudadanos piden, además, eliminar el período de cinco años por el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, siempre que se acredite que los deudores han actuado con buena fe.

Ambas formaciones centran sus propuestas en flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago y la formación naranja insta a que estas personas puedan permanecer en sus viviendas ejecutadas durante tres años pagando un alquiler que no supere el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor. Para los socialistas el préstamo con garantía hipotecaria es la causa fundamental de situaciones de insolvencia.

La portavoz de consumo del PSOE en el Congreso, Begoña Tundidor, ha asegurado que la actual ley debe mejorarse ya que ha tenido un escaso alcance para familias y pequeñas empresas. "No puede ocurrir que se rescate a la banca y haya familias que se hayan quedado en la miseria", ha puntualizado tras afirmar que la reforma laboral del PP ha propiciado despidos que han obligado a emprender pequeños negocios que luego no han ido bien como consecuencia de la crisis económica.

"Muchas familias han hipotecado su casa para abrir una empresa y hay que dar una verdadera oportunidad a estas personas cumplidoras y que no han podido hacer frente a estos negocios", incide.

El PSOE también pide la dación en pago

El PSOE pide promover el alquiler social a través de un parque público de viviendas y desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida en alquiler para hogares con ingresos bajos.

Roldán por su parte incide en que la dación en pago para personas con vulnerabilidad extrema es una "prioridad" de su formación y confía en llegar a un pacto con los socialistas, que, a su vez, abogan por excluir la vivienda habitual de la ejecución de los avales que se hayan podido producir en caso de insolvencia justificada.

"Se trata de salvar a aquellas empresas que aún son viables y hacer salir del mercado rápidamente las que no lo son. Una buena ley de insolvencia debe repartir el riesgo entre los agentes que operan en el mercado de forma previsible, equitativa y transparente", afirma la exposición de motivos de la propuesta de Ciudadanos.

El PSOE, por su parte, propone crear una oficina central antidesahucios y que la Comisión de Economía del Congreso evalúe antes de que finalice el año el número de solicitudes que han terminado con acuerdo en procedimiento extrajudicial para devolver las cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo en préstamos hipotecarios así como su importe.

También las solicitudes en las que no ha sido posible llegar a acuerdos y los motivos alegados, y el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que se hayan ofrecido a los consumidores.

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