La revuelta de los que quieren más

César Muñoz Acebes

Río de Janeiro, 30 jun.- En Brasil los jóvenes han salido a las calles no por el desempleo, ni por los desahucios, ni por los recortes del estado de bienestar, sino porque quieren más de un Estado que les pide mucho y les da poco a cambio.

Según datos de la OCDE de 2010, los últimos disponibles, la carga tributaria en Brasil supera el 32% del producto interior bruto (PIB), un nivel similar al de muchos países industrializados, y sin embargo sus servicios públicos son del Tercer Mundo.

En comparación, los impuestos son un punto menos del PIB en España, su rival futbolístico en la final de hoy de la Copa Confederaciones y cuyos sistemas de educación, salud o transporte, aunque afectados por los recortes presupuestarios, son mucho mejores que los de Brasil.

En España, Grecia o en EEUU con el movimiento Occupy Wall Street la motivación de los manifestantes fue preservar el empleo, la casa, el salario o la cobertura de salud.

En cambio, las protestas en Brasil, que se repitieron hoy en Río de Janeiro con motivo de la final de la Copa, se asemejan a las de Turquía, donde la defensa de un parque fue un detonante para exigir mayores derechos políticos, o las de los estudiantes en Chile por una educación pública gratuita.

En esos tres países los manifestantes exigen más al Estado tras un período de alto crecimiento económico.

Así, uno de los eslóganes más populares en las casi tres semanas de marchas en Brasil ha sido reclamar hospitales "patrón FIFA".

Los brasileños se preguntan por qué si el Gobierno puede construir estadios que impresionan a los mejores jugadores del mundo, no hace hospitales o escuelas de la máxima calidad.

Solo la remodelación del estadio Maracaná, donde se jugará el partido de hoy, costó 500 millones de dólares. En total, las obras necesarias para el Mundial de 2014 tendrán una factura de 28.000 millones de reales (unos 13.000 millones de dólares).

El Gobierno ha insistido en que el dinero público dedicado a los estadios son préstamos que deberán devolver las empresas que los operen.

El detonante de todo fue, como en el caso de Turquía, algo casi trivial a simple vista, la subida de 20 centavos de real (unos 9 centavos de dólar) del valor del transporte público en Sao Paulo, que encendió el enfado por pagar más por un servicio deficiente y caro en relación a los ingresos del brasileño medio.

Azuzadas por los excesos policiales iniciales, las protestas revelaron un descontento oculto principalmente entre la clase media.

Una encuesta de la empresa Ibope reveló que la gran mayoría de los manifestantes son jóvenes con estudios al menos secundarios o que los cursan y que supieron de las marchas por internet.

Se trata de una masa que no ha recibido los beneficios de los programas de ayuda a los pobres, el gran éxito político y económico del Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y que busca algo más que pan y circo, en este caso, fútbol.

La presión ha surtido efecto y además de la derogación del alza del transporte, Brasilia ya analiza nuevos programas de gasto social por valor de 50.800 millones de reales (unos 22.800 millones de dólares), según cálculos publicados hoy por el diario O Globo.

La mayor parte de esa cifra sería en salud pública, a la cual Brasil dedica el 4,2 % de su PIB, frente al 7,1 % de España, según los datos de la OCDE de 2010.

Las nuevas promesas de gasto llegan en un momento delicado para la economía brasileña, dado que avivarían la inflación y alentarían una mayor subida de los intereses, una medida que frena el crecimiento, según dijo a Efe Ilan Goldfajn, economista jefe del Banco Itaú.

Este viernes el real se depreció un 1,63 % frente al dólar debido al temor de los inversores de que el deseo de Rousseff de calmar los ánimos de los manifestantes firmando cheques agrave el déficit presupuestario del país.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Guido Mantega, aseveró que el Gobierno hará recortes presupuestarios o subirá los impuestos para compensar cualquier incremento del gasto social, en una entrevista publicada hoy por O Globo.

Como economista jefe del mayor banco privado del país, Goldfajn debería ser una persona que se asuste con los desórdenes públicos, pero en cambio tiene una visión positiva del impacto de las manifestaciones a largo plazo.

"Esas personas tienen las necesidades básicas atendidas, pero protestan porque otras cosas en su vida no están bien", dijo.

"Demandan un Estado más eficiente, mejores servicios públicos, protestan contra la corrupción", añadió. Y lograr eso es bueno para la población y para la economía.