La tasa a las transacciones financieras sigue enrocada en dos cuestiones

  • Los once países que quieren implantar una tasa a las transacciones financieras, entre ellos España, siguen enrocados en dos cuestiones que deberían resolver antes de fin de año para poder iniciar la aplicación del gravamen en enero de 2016, tal y como evidenciaron hoy los ministros de Economía de la UE.

Bruselas, 7 nov.- Los once países que quieren implantar una tasa a las transacciones financieras, entre ellos España, siguen enrocados en dos cuestiones que deberían resolver antes de fin de año para poder iniciar la aplicación del gravamen en enero de 2016, tal y como evidenciaron hoy los ministros de Economía de la UE.

Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España pretenden introducir la tasa progresivamente a partir de 2016, empezando por las acciones y algunos derivados.

No obstante, los países están estancados en la cuestión de qué tipos de derivados deben gravarse y si debe haber una excepción para las acciones de empresas no cotizadas.

Tampoco hay consenso sobre el principio de tributación, es decir, si debe primar el principio de emisión, como quiere España, el de la residencia de las entidades o una mezcla de ambos.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, recordó hoy que hay un acuerdo político que cabe concretar ahora, pero admitió que "hay diferentes posiciones" sobre cuestiones técnicas "que no son sencillas".

Los diez ministros se han comprometido a empezar con un gravamen sobre las acciones y algunos tipos de derivados a partir del 1 de enero de 2016, pero dejan abierta la puerta a que los Estados miembros que lo quieran puedan tasar "otros productos", aunque no se fija todavía con qué porcentajes ni si se aplicará el principio de emisión o de residencia.

España defiende únicamente que no se incluya nunca la deuda soberana, y afirma que debe primar el principio de emisión, aunque se puede tener en cuenta el de residencia de las entidades.

El llamado "principio de la emisión" implica que, cuando se emiten los instrumentos financieros en alguno de los Estados implicados, éstos sean gravados incluso si las partes que negocian con ellos no se encuentran en estos países.

España defiende además que si se gravan las acciones se graven también las acciones en el mercado de derivados, es decir las opciones a futuro, para evitar transferencias artificiales entre un mercado y otro que están conectados.

La Comisión Europea (CE) planteó a los países participantes gravar con un 0,1 % las transacciones con acciones y bonos, participaciones de fondos de inversión colectiva, acuerdos de recompra y de préstamo de valores y los instrumentos del mercado monetario, y con un 0,01 % las operaciones con derivados.

Los once países han aceptado abordar su iniciativa con los demás Estados miembros de la UE que no participan.

El ministro danés, Morten Ostergaard, consideró que el principio de residencia "no es compatible ni con el derecho comunitario, ni con el derecho internacional", algo en lo que coincidió el titular holandés, Jeroen Dijsselbloem.

"Va a ser muy difícil diseñar una tasa que se aplique solo a un grupo de países y que no afecte al conjunto de la comunidad, incluso que no tenga repercusiones negativas sobre otros países no participantes. Me parece crucial que la CE no solo apoye la iniciativa, sino que tenga muy en cuenta el derecho comunitario", dijo el también presidente del Eurogrupo.

El ministro austríaco, Johann Georg Schelling, explicó que ha presentado una propuesta de compromiso a los demás países que pretenden aplicar la tasa.

"Hemos dicho que aceptamos en general la propuesta de la CE, que incluye todos los derivados", indicó. El compromiso consiste en ser flexible en el porcentaje del gravamen y no en los productos.

Ahora la CE tendrá que calcular qué ocurre si se sacan los derivados y si tiene sentido sacar productos individuales.

"Si no hay volumen no podemos hacerlo, porque en un país pequeño como Austria eso significaría muchos esfuerzos y pocos ingresos", y además gestionar los derivados tiene que ser técnicamente posible, explicó.

"Nuestra propuesta es dejar todo en el listado y luego discutir qué se saca, y la propuesta de Francia era sacar todo y meter muy poco. El ministro galo, Michel Sapin, puede vivir con nuestro compromiso" incluso, recalcó Schelling.

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