En principio, los principales beneficiarios de un proceso de regularización catastral, como el puesto en marcha por el Gobierno para el periodo 2013-2016 - y luego ampliado hasta 2017-, son los ayuntamientos. Las irregularidades o alteraciones en los inmuebles revisados no conocidas por el Catastro que se ponen de manifiesto en este tipo de procedimientos se traducen en cambios en la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y, por tanto, en ingresos extra para las arcas municipales.
Pero la Dirección General del Catastro pertenece al Ministerio de Hacienda, y el Fisco siempre, o casi siempre, gana. El anuncio del inicio del procedimiento de regularización catastral allá por el año 2013 vino acompañado de la creación de una nueva tasa, la Tasa por regularización y acreditación catastral, de una cuantía de 60 euros y cuyo objetivo declarado es "la recaudación de los costes derivados de la expedición de certificaciones y documentos en los que consten datos catastrales que no se obtengan directamente por medios telemáticos".
Cuatro después de su creación y tres años después de su activación -no hay referencia oficial alguna de ingresos por este concepto hasta 2015-, los datos oficiales que da el Ministerio de Hacienda reflejan que en apenas un trienio la tasa ha proporcionado más de 100 millones de euros a las arcas de la Hacienda Pública y se ha convertido en una de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos. En 2015 generó 39,29 millones de euros, en 2016, la recaudación fue algo menor, de 37,8 millones; y hasta el 30 de septiembre de este año ha generado ya 31,84 millones, cuando aún restaban dos meses para el cierre definitivo del proceso de regularización. Un dato más. A estas alturas de año, los ingresos generados por la tasa superan en un 36% los obtenidos en años anteriores.
La lógica de la 'tasa catastral', como la del resto de tasas, es compensar a la Hacienda del Estado por el coste en el que incurre para gestionar un determinado servicio, en este caso el proceso de regularización catastral. Normalmente lo que se compensa es el coste administrativo de la tramitación del servicio; el asunto es que en este caso éste tiene unas características y unos costes singulares.
Dos millones de viviendas con irregularidades
La Dirección General del Catastro ha puesto toda la carne en el asador para aflorar las irregularidades que sabía que escondían cientos de miles de viviendas de toda España: áticos reconvertidos en habitaciones extra (que elevan el precio de la vivienda en el mercado), piscinas sin declarar, pequeñas obras sin licencia, rehabilitaciones...Todo tipo de reformas realizadas a espaldas del Catastro para impedir que se traduzcan en un incremento del IBI, pero que se traducen en un incremento del valor del activo en el mercado para el propietario. Para acreditar esta realidad oculta el Catastro ha utilizado drones, ha tomado fotos aéreas, ha enviado funcionarios para realizar visitas presenciales...
El resultado del proceso se puede estimar a partir de lo recaudado por la tasa de Hacienda. A 60 euros por inmueble reformado y no declarado, los más de 108 millones de euros recaudados hasta la fecha implican el pago de cerca de dos millones de tasas por regularización y acreditación, es decir, casi dos millones de inmuebles con reformas, obras o elementos que el Catastro desconocía, o no tenía acreditado, que existían y que por tanto no se tenían en cuenta a la hora de calcular el IBI.
La tipología de las irregularidades detectadas es muy diversa. Según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y referidos únicamente a la Comunidad de Madrid, el 44% de los casos tienen relación con ampliaciones y rehabilitaciones no informadas, el 28% con nuevas construcciones, el 15% con la construcción de piscinas a espaldas del Catastro y el 12% con pequeñas reformas o cambios de uso 'de facto' en determinados espacios.
Según un balance realizado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a mediados de 2016, las irregularidades afloradas en los 4.370 municipios revisados hasta entonces habrían generado unos ingresos extra de 1.254 millones de euros en el IBI, lo que supondría un incremento del 2% respecto a la recaudación previa al proceso de regularización. Y es que dos millones de inmuebles con irregularidades pueden parecer muchos, pero en un país en el que hay 43 millones de viviendas....
La resolución del Ministerio de Hacienda para este año 2017 prevé la revisión de inmuebles en 1.272 municipios, lo que llevará la cifra total de municipios visitados al entorno de los 6.000.
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