La UE carece actualmente de base legal para enfrentarse a Argentina sobre YPF

Bruselas, 13 abr.- La Unión Europea (UE) no cuenta en la actualidad con una base jurídica con la que presionar a Argentina para que cumpla sus compromisos con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como es el caso de España en la petrolera YPF, controlada por Repsol.

"La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión Europea consultadas por Efe.

No obstante, insistieron en que la UE "está dispuesta a apoyar a España en este proceso, y a cooperar con España y abordar este asunto con las autoridades a nivel político".

El portavoz comunitario Olivier Bailly dejó hoy claro que Bruselas "está del lado de España" ante los planes del Gobierno argentino de nacionalizar una parte la petrolera y tomar el control de la compañía.

Confirmó, además, que el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ya ha enviado un mensaje a la oficina de Cristina Fernández a través de la delegación de la Comisión en Buenos Aires en el que mostró su preocupación y pidió respeto a los compromisos del país con las inversiones extranjeras.

Bailly negó, sin embargo, que Barroso haya llamado personalmente a la presidenta argentina, como han difundido varios medios.

La intervención de la UE en este asunto es legítima porque, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, la Comisión Europea ha adquirido competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros.

En cambio, fuentes comunitarias recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina, de manera que "legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT".

Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, la CE propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente tramita junto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

En concreto, esa normativa introducirá un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión cuando uno de los Veintisiete se enfrente a "medidas inconsistentes" por parte del país con el que tenga firmado el BIT.

El Estado miembro podría informar a la Comisión y, de forma conjunta, colaborar y poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar una "defensa eficaz" de las inversiones europeas, que podrían incluir la participación del ejecutivo comunitario en el procedimiento, explicaron las fuentes.

Asimismo, recordaron que el acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

Por lo que se refiere al marco que ofrece la Organización Mundial del Comercio (OMC), indicaron que este organismo "no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en la OMC de Argentina en relación a ello", por lo que la UE "no tiene posibilidad de reaccionar sobre la base de compromisos legales multilaterales o bilaterales" en Ginebra.

En cualquier caso, las fuentes aseguraron que "nos ocuparemos del asunto y expresaremos nuestra preocupación sobre el impacto negativo que puede tener en los intereses económicos y comerciales de la UE, y en las relaciones bilaterales", durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires.

Recordaron que, antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la CE ya ejerció con éxito presión diplomática a Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.