La UE cierra un acuerdo sobre una PAC más ecológica y equilibrada hasta 2020

Rosa Jiménez

Bruselas, 26 jun.- La Unión Europea (UE) cerró hoy un acuerdo político sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que garantiza hasta un 30 % de los pagos directos a prácticas ecológicas y un reparto más equitativo de las ayudas entre los agricultores europeos.

"Ha habido fumata blanca", dijo el jefe negociador del Parlamento Europeo (PE), Paolo de Castro, en una rueda de prensa" después del último "trílogo" entre el Consejo de la UE (los gobiernos), la Eurocámara y la Comisión Europea (CE) y de que la comisión parlamentaria de Agricultura avalara el pacto conseguido.

La nueva PAC, que se negocia desde 2011 y contará con la mayor partida del presupuesto de la Unión en los próximos siete años -400.000 millones de euros de los que España espera percibir más de 50.000-, incluirá como principal novedad la concesión de un 30 % de los pagos directos a cambio de prácticas "verdes": mantener pastos, diversificar cultivos o mantener áreas de interés ecológico.

Los cultivos permanentes como el olivar, los frutos secos o los frutales no tendrán que cumplir requisitos ecológicos adicionales.

El acuerdo contempla también medidas para evitar el "doble pago" de fondos de desarrollo rural por las mismas iniciativas ecológicas.

Otro aspecto muy debatido por la UE fue la propuesta de la CE de instaurar una "tasa plana" igual para todos los agricultores a nivel nacional, que finalmente quedó rebajada a un nivel de convergencia interna del 60 % de la media del pago medio regional por hectárea en 2019, siempre y cuando las explotaciones no sufran pérdidas del 30 %.

La nueva normativa también incluye una definición de "agricultor activo" y una lista "negativa" obligatoria que evitará que aeropuertos, obras de agua, servicios ferroviarios e inmobiliarios y áreas deportivas o de recreo perciban ayudas agrícolas.

Además, habrá un esquema de apoyo obligatorio para los jóvenes agricultores (hasta los 40 años de edad) de hasta un 2 % del sobre nacional de ayudas directas, y un esquema opcional para las pequeñas explotaciones que incluirá un pago máximo de 1.250 euros utilizando hasta un 10 % del sobre nacional.

Sobre las ayudas "acopladas" (las que excepcionalmente se vinculan a la producción), variarán entre el 8 y el 13 %, con la posibilidad de añadir otro 2 % si se trata de cultivos proteaginosos (como guisantes, habas o lentejas).

El tabaco y el algodón quedarán fuera de la lista de esas ayudas.

En el apartado de la organización común del mercado se dará más apoyo a las organizaciones profesionales e interprofesionales y habrá disposiciones especiales en la ley de competencia para sectores como el aceite de oliva o la carne de vacuno.

Las cuotas del azúcar no terminarán en 2015 y se mantendrán hasta 2017 (el PE pedía hasta 2020), mientras que las nuevas autorizaciones administrativas para la plantación de viñedos estarán vigentes de 2016 a 2030.

En cambio, la reforma no contempla nuevas medidas para reforzar al sector lácteo como pedían algunos Estados miembros y el PE.

La normativa incorpora mecanismos para garantizar más transparencia sobre los receptores de las ayudas, así como una "reserva de crisis" anual de 400 millones de euros (en precios de 2011).

Ésta es la primera reforma agraria en la UE que se concierta entre los gobiernos y el PE, al que el Tratado de Lisboa -en vigor desde 2009- otorgó poderes de colegislador en esta materia.

Esta nueva situación también creó algunos roces entre las instituciones, al reclamar el Parlamento tener una voz en asuntos de la reforma que los líderes de la Unión ya decidieron en la cumbre que celebraron en febrero, al considerar que estaban muy ligados al presupuesto comunitario.

Éstos son la limitación a las ayudas que reciben las grandes explotaciones, la transferencia de fondos entre pilares, un reparto más equitativo de las ayudas entre países o las tasas de cofinanciación.

"Algunos puntos que han quedado fuera de la negociación no por la voluntad del PE, sino por el Consejo", dijo de Castro, podrán ser abordados de nuevo en la negociación entre los países, el PE y la CE sobre el presupuesto plurianual 2014-2020.

Una vez que esa negociación presupuestaria esté cerrada, el pleno de la Eurocámara podrá votar la PAC en otoño, explicó.

Concluida su tramitación a nivel institucional, la nueva PAC entrará en vigor en enero de 2014 a excepción del esquema de los pagos directos, que lo hará en 2015 ante el retraso en su adopción y para dar tiempo a los Estados miembros a adaptarse a la nueva legislación.