La Unión Europea ha dado el paso definitivo para desbloquear el reparto entre sus socios de 10.900 millones de euros en impuestos de grandes empresas que permanecen bloqueados a la espera de que los países determinen qué parte de esos impuestos corresponde ingresar en cada Administración Tributaria.
El origen de esas cantidades embalsadas está en los litigios generados entre dos o más países de la Unión Europea que pretenden ingresar impuestos por los mismos beneficios o ingresos declarados por una compañía o particular. Las controversias nacen de la incapacidad de los acuerdos de doble imposición de resolver todas las casuísticas que se dan en la realidad fiscal, principalmente, de la operativa de las grandes multinacionales. Esos espacios de incertidumbre alientan los conflictos fiscales entre países para perjuicio de las arcas públicas, que dejan de ingresar impuestos, y solaz de las empresas, que pueden diferir el pago de sus tributos.
Bruselas detectó la distorsión hace tiempo y presentó su propuesta de solución en el año 2015. Después de dos largos años en los que la iniciativa ha recorrido y recibido el plácet de todas las instancias europeas, este martes los ministros de Economía de la UE le dieron el visto bueno definitivo. El que se necesita para que la iniciativa prospere.
El acuerdo activará un nuevo procedimiento rápido de resolución de conflictos entre países en virtud del cual si éstos no llegan a un acuerdo sobre el reparto de los impuestos en litigio en un plazo de dos años tendrán la obligación de designar una Comisión de Asesoramiento para arbitrar una solución. Si ésta tampoco resuelve la controversia, el contribuyente en cuestión podrá instar un segundo mecanismo de arbitraje que, compuesto por tres expertos independientes, dará una solución al conflicto en un plazo de seis meses con la aceptación necesaria de las partes. En conjunto, el proceso no se podrá dilatar más allá de los tres años.
España: 3.000 millones bloqueados por conflictos con otros países
La conflictividad entre países por dónde deben pagar sus impuestos los contribuyentes no es tan inusual. Según datos de la Agencia Tributaria, el año pasado la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) tomó parte en 237 expedientes (125, en el año 2015), en los que defendió los derechos de la Hacienda española sobre 2.950 millones de euros en bases imponibles que también reclamaban otros países, no solo del ámbito UE.
Creada en 2013, la ONFI es la oficina encargada de gestionar todas las actuaciones en materia de fiscalidad internacional de la Agencia Tributaria, lo que incluye la instrucción de este tipo de procedimientos, que tienen por objetivo la eliminación de situaciones de doble imposición, surgidas como consecuencia del gravamen simultáneo de las mismas bases imponibles por dos o más jurisdicciones fiscales.
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