Las autonomías reclaman a Hacienda su parte en el pastel de la amnistía fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuenta con los 2.500 millones de euros que espera obtener de la amnistía fiscal para cuadrar el presupuesto de ingresos del Estado para este año, pero está a punto de encontrarse con un problema inesperado.

Según ha podido saber lainformacion.com, algunas comunidades autónomas han trasladado ya al Ministerio su intención de reclamar la parte que entienden que les corresponde sobre los ingresos extraordinarios obtenidos en la amnistía fiscal.

El proceso de regularización de cuentas y bienes ocultos al fisco aprobado por el Gobierno, que se cerrará el próximo viernes 30 de noviembre, permite poner al día con Hacienda, previo pago de un gravamen reducido del 10%, la situación de los contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

En relación a los dos primeros impuestos la titularidad está muy clara, ya que se trata de gravámenes estrictamente estatales, pero en el caso del IRPF (el impuesto que presuntamente generará más ingresos en este proceso) el sistema de financiación autonómica establece la cesión a las regiones del 50% de su recaudación.

Y ésta es la ventana que pretenden aprovechar las Haciendas autonómicas para llevarse una parte de los ingresos de la amnistía fiscal.

"Entendemos que, aunque se trate de un procedimiento extraordinario, los ingresos que se generen provendrán de la regularización de bienes que deberían haber sido declarados en el IRPF y, por tanto, que deberían habernos generado un ingreso en su día", explica el alto cargo de una Hacienda autonómica.

"Ya está hablado con el Gobierno", aseguran incluso en la Consejería de Hacienda de otra comunidad autónoma. El único paso que resta es llegar a un acuerdo sobre el mecanismo a través del cual se efectuará el pago, precisan.

¿Y qué dice el Ministerio de Hacienda de todo esto? Pues que los 2.500 millones de euros que se esperan recaudar con la amnistía fiscal están consignados en la cuenta de ingresos del Presupuesto del Estado para 2012, es decir, que Hacienda cuenta con ellos para cuadrar las cuentas de este año.

De otro modo, el dinero irá en principio a las arcas del Estado, si una parte irá después o no a las Haciendas autonómicas es algo que, al menos de momento, el Ministerio no aclara.

La vía autonómica

¿Cuánto podrían sacar las comunidades autónomas de esta maniobra? Es complicado de saber.

Cuando lanzó su controvertida propuesta de amnistía fiscal, el Gobierno estimó en 2.500 millones de euros los ingresos fiscales que resultarían del proceso de regularización, ya que, en su opinión, serviría para aflorar capitales ocultos por un valor agregado de 25.000 millones.

Después llegaron las dudas sobre la fiabilidad de este objetivo, particularmente desde que el pasado septiembre la Agencia Tributaria publicara un informe del que se desprendía que en sus dos primeros meses de vigencia la regularización apenas había conseguido recaudar 52 millones de euros.

En cualquier caso, la parte de esos recursos que correspondería a las comunidades autónomas no saldría de dividirlos a la mitad.

Las comunidades no recibirían ingreso alguno por las regularizaciones practicadas en el Impuesto de la Renta de no Residentes y el Impuesto de Sociedades, y aún en el IRPF tampoco le corresponderían la mitad de lo ingresado.

La razón es que el proceso de regularización abarca los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010 y 2011, y, si bien es cierto que en los tres últimos años la parte del IRPF que les correspondería sería del 50%, en 2008 estaba vigente el anterior modelo de financiación que cedía únicamente el 33% de los ingresos por este impuesto. El cálculo sería ciertamente complejo.

Y no es éste el único obstáculo que podría imposibilitar la pretensión de las comunidades autónomas de sacar tajada de la amnistía fiscal.

Los expertos fiscalistas consultados manifiestan sus dudas en torno a que los gobiernos regionales puedan apelar a sus derechos recaudatorios sobre el IRPF para obtener unos recursos que "en realidad, vienen de un gravamen especial implantado por el Gobierno, ni directamente del impuesto, ni siquiera de un proceso de inspección sobre el mismo".

No comprobarán posibles fraudes en impuestos autonómicos

Hay otra vía por la que las comunidades autónomas podrían beneficiarse del proceso de amnistía fiscal.

La información que obtenga la Agencia Tributaria de las declaraciones especiales en las que los contribuyentes regularicen su situación fiscal podría contener evidencias de fraudes en impuestos de responsabilidad autonómica, como Sucesiones, Donaciones o Transmisiones Patrimoniales.

De hecho, éste es uno de los temores confesados por los representantes legales y asesores de los contribuyentes que estudian acogerse a la amnistía fiscal.

Pueden estar tranquilos. Ningún Gobierno regional prevé solicitar formalmente información a la Agencia Tributaria sobre estas declaraciones especiales para rastrear posibles fraudes en los impuestos autonómicos.