Los ayuntamientos negocian competencias pero sin tocar el mapa municipal

Begoña Fernández

Madrid, 11 jun.- El Gobierno y los ayuntamientos inician esta semana la negociación de competencias y no prevén, de momento, reformar el mapa municipal, a pesar de que cada vez son más las voces, sobre todo de expertos, que respaldan la máxima de que una unidad administrativa viable tiene que tener al menos 5.000 habitantes.

Así lo ha expresado a Efe, el vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo, quien afirma que no sobra ningún ayuntamiento y, además, "no existe documento alguno que acredite que eliminando ayuntamientos se produzca mayor eficacia en la prestación de servicios".

Según Martínez Maíllo, lo que sí propone la FEMP, que ha presentado en la negociación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un primer informe técnico, es que se clarifiquen las competencias y, por ejemplo, algunas como la educación y la sanidad "en lo referido al mantenimiento de colegios y consultorios médicos pasen, definitivamente, al ámbito autonómico".

Sin embargo, son muchos los expertos en el ámbito local que abogan por la reforma del mapa municipal para una mayor racionalidad de los servicios.

En declaraciones a Efe, el exministro de Administración Territorial y catedrático de Derecho Administrativo Luis Cosculluela plantea que los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes se articulen de manera "menos costosa y más racional", y para ello propone fórmulas como las pedanías, las fusiones de municipios o la conversión en municipios-comarca.

En España, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hay 6.797 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, el 83,7 % del total, un número excesivo a decir del catedrático de Derecho Tributario de la UNED José Manuel Tejerizo, quien, sin embargo, no apuesta, en ningún caso, por la desaparición de estas entidades sino por reubicarlas bajo otra fórmula de organización.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Joaquín Tornos también coincide con sus compañeros de cátedra pero sitúa el límite en los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, al considerar que "a partir de mil podrían asumir una serie de competencias y agruparse voluntariamente en mancomunidades o consorcios".

Los tres son conscientes de que elaborar un mapa municipal más restrictivo supone muchos problemas políticos y además una "conmoción nacional", en palabras de Cosculluela, pero la crítica situación económica obliga, según el exministro, a reconocer que hay ayuntamientos que son "auténticos fantasmas administrativos" con competencias que no pueden cumplir.

No obstante, el catedrático Joaquín Tornos también se pregunta si tiene sentido mantener unos entes "con función sólo representativa y como un cascarón vacío, sin competencias que pasarían al ente inmediatamente superior", que serían las diputaciones.

A juicio de Tornos, esta reforma del mapa municipal relanzaría las diputaciones, que "renacerían con más fuerza", al asumir de facto competencias que son incapaces de abordar esos pequeños municipios.

Los tres catedráticos también comparten que el siguiente paso es resolver la financiación de las entidades locales, porque "atribuir competencias sin dinero es una quimera", según Cosculluela.

En concreto, este catedrático de la Universidad Complutense explica que "tras irse al cuerno el tema inmobiliario, los ayuntamientos no tienen un duro" aunque se habiliten fórmulas alternativas como el pago a proveedores o el adelanto de las liquidaciones a cuenta.

En opinión de Cosculluela, las entidades locales deberían participar directamente, al igual que las comunidades autónomas, en los impuestos estatales, como el IVA, algo que resolvería su asfixia económica.

Una vez resuelto el tema de la financiación, y según estos expertos, ya se podría reordenar el asunto de las competencias que vienen definidas en el artículo 25 de la actual Ley de Bases del Régimen Local.

Según esta norma, los municipios pueden ejercer competencias de seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico, protección civil, ordenación urbanística, patrimonio histórico, medio ambiente, abastos y mercados, cementerios y servicios funerarios, prestación de servicios sociales, transporte público, actividades culturales y cooperación con la administración educativa, entre otras.

Además, los municipios, por sí o asociados, deben prestar determinados servicios como, por ejemplo, alumbrado, recogida de basuras o pavimentación, en función de su población.

Esta enumeración de competencias ha recibido la crítica de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quien asegura en un primer informe técnico que "el listado de materias que contiene el artículo 25 está vacío de contenido competencial".

La semana pasada, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba en el Congreso el inmediato inicio de las negociaciones con los ayuntamientos para acometer la vieja demanda de reformar las administraciones locales, delimitar competencias y evitar duplicidades y despilfarros.

En cuanto a la reorganización del mapa municipal, Montoro siempre ha rechazado las supresiones forzosas de ayuntamientos y ha apostado por el carácter voluntario de las fusiones.

En más de una ocasión, el ministro ha asegurado que la reforma que se acometa deberá cumplir el objetivo asumido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura: "Una competencia, una administración".

Sobre el mapa municipal también se ha pronunciado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien llegó a reconocer que "quizá haya municipios que no puedan ser ayuntamientos".

A pesar de las reiteradas voces de fusión, solo en Galicia su presidente, Alberto Núñez-Feijóo, anunció la primera fusión de concejos en 44 años.

En concreto, se trata de la fusión de las localidades coruñesas de Cesuras y Oza dos Ríos, que suman entre ambas más de 5.000 habitantes.