Ni las grandes empresas pagan pocos impuestos en España respecto a otros países, ni tienen un trato fiscal sensiblemente mejor que las pequeñas y medianas ni los grandes grupos empresariales pagan solo un 7% de tipo efectivo. El Registro de Asesores Fiscales, integrado en el Colegio de Economistas, ha aprovechado el inminente inicio de la campaña del Impuesto de Sociedades para desmontar uno a uno el argumentario utilizado por el Gobierno para justificar su controvertida reforma del Impuesto de Sociedades, que ha desencadenado una reacción sin precedentes en contra de las grandes empresas del país.
El REAF ha acudido a la comparación internacional y ha concluido que presión fiscal empresarial en España soporta perfectamente la comparación con la de otros países. En términos de ingresos por el Impuesto de Sociedades sobre el PIB, España de sitúa por encima de países competidores directos como Italia, Francia, o Alemania, y de otros como Estados Unidos. Solo los países nórdicos y los del antiguo bloque soviético generan más ingresos, según esta ratio.
"La comparación con los ingresos récord (44.253 millones de euros) que se obtuvieron en 2017, en lo más alto de la burbuja, no tiene ningún sentido. En 2018 se recaudaron 24.838 millones después de registrar un crecimiento del 7,32%, y es un dato perfectamente comparable con las cifras que presentan los países de nuestro entorno", ha asegurado este lunes Luis del Amo, secretario técnico del REAF.
La asociación tampoco ve adecuado sacar conclusiones de la ratio de impuestos pagados sobre beneficios, la relación que arroja resultados de un tipo medio del 7% para los grupos empresariales, "especialmente en grandes grupos que compensan bases positivas y negativas". Utilizando el resultado contable positivo ese tipo sería ya del 11% y las diferencias entre la tributación de grandes grupos y pymes no serían relevantes.
La gravosa factura de la crisis
El informe realizado por el Registro de Asesores Fiscales subraya que en el camino desde el resultado contable de las empresas hacia su base imponible, es decir, el volumen del beneficio sobre el que se aplica el Impuesto de Sociedades, la principal reducción es ineludible, ya que se trata de la exención para evitar la doble imposición sobre los dividendos de fuente extranjera. Éste ajuste sobre el resultado contable 'desfiscaliza', "porque ya han tributado antes", 68.563 millones de euros, de los cuales 60.509 millones corresponden a grandes grupos empresariales.
Según el Reaf, hacer tributar estos recursos aportaría 17.000 millones de euros extra a las arcas públicas, pero como muchos fiscalistas se encargaron de recordar cuando desde Podemos se planteó esta opción haría saltar por los aires el centenar de convenios de doble imposición firmados por España con otros países y abriría un litigio con las empresas de consecuencias difíciles de estimar sobre la economía. La propuesta del Gobierno abogó por establecer una tasa del 5% sobre esos dividendos, siguiendo el camino que han abierto otros países.
La otra gran vía de agua del Impuesto de Sociedades es la compensación de bases imponibles negativas, es decir, la posibilidad que proporciona el impuesto de que las empresas se desgraven a futuro las pérdidas en que se incurrió en un ejercicio completo. De hecho, señalan este fenómeno como el gran lastre de la recaudación del Impuesto de Sociedades, ya que en 2018 todavía restó 4.000 millones de euros en ingresos y ello a pesar de que el Ejecutivo anterior decidió limitar al 25% de la base imponible la posibilidad de aplicarse las pérdidas de ejercicios anteriores. En buena medida, estas deducciones vienen de las pérdidas experimentadas por las empresas durante la crisis.
Mirando hacia el futuro, el Registro de Asesores Fiscales y el think tank Fedea han decidido hacer un estudio prospectivo de lo que puede ocurrir en los próximos años con el impuesto a partir de las propuestas que se manejan en el ámbito de organismos multinacionales como el G-20 o la OCDE. En ese sentido, cuestionan una de las líneas básicas de la reforma de Sociedades planteada por el Gobierno -el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para los grandes grupos empresariales- que en opinión del experto de Fedea, Jorge Onrubia, puede generar de aplicarse de manera aislada riesgos de deslocalización de actividad económica, recomposición interna de grupos empresariales para amortiguar e impactos sobre la creación de empleo. "Estudios en Alemania han concluido que el incremento de costes fiscales desencadena automáticamente una reducción del gasto en personal".
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