En un contexto de fuerte aumento del PIB (5,5%) y de la inflación media (8,5%), España habría ingresado 10.000 millones más de lo previsto en el plan presupuestario que le fue remitido a la Comisión Europea.
El dato sigue lejos del objetivo del 5% del PIB previsto por el Gobierno para el cierre del año, con lo que sigue la senda iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo.
Esta sería una de las medidas que más fuerza esta cobrando para poder incluirse en el decreto ley que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año para que pueda entrar en vigor desde el 1 de enero
El Observatorio de la Realidad Financiera reclama una reforma profunda del sistema tributario español para acabar con un déficit estructural que ya era del 3% antes de que estallase la pandemia de Covid-19.
Las compañías que facturan más de 1.000 millones de euros anuales tributan a un tipo efectivo del 19,34% sobre la base imponible, pero baja al 5,11% si se trata del resultado sobre beneficio.
El Estado avalará el 50% de los créditos concedidos por las entidades financieras y Hacienda prórrogará por otro año más las deducciones que se aplican en el IRPF por obras de eficiencia energética residencial.
La propuesta ha sido apoyada por los socios habituales y rechazada por PP, Vox y Ciudadanos. El PNV advierte de que, o hay pacto con País Vasco y Navarra, o buscará tumbar los tributos por cualquier medio.
Las cinco principales entidades financieras obtuvieron un beneficio neto de 10.132 millones de euros entre enero y junio. Ahora afrontan la decisión del Gobierno de aplicarles un nuevo gravamen.
El IVA ingresó 49.036 millones, un 22,8 % más -a pesar de la reducción del tipo de la electricidad-; el IRPF, 23.425 millones, un 28,2 % más; y el impuesto sobre Sociedades, 9.895 millones, un 7,4 % más,
La norma fija que las tasas se aplicarán sobre la facturación y las comisiones para evitar que entre en el terreno de los beneficios empresariales, sobre el que ya se impone el impuesto sobre Sociedades.
La formación 'morada' ha propuesto un paquete de medidas entre las que también plantean acabar con la exención fiscal a la Iglesia, aprobar una ley de usos del tiempo y un tributo a fortunas de más de 10 millones.
La ministra estima que esta medida aumentaría la recaudación entre 1.500 y 2.000 millones que servirían para financiar otras iniciativas con las que reforzar la protección de las familias frente a la inflación.
Recoge 85 recomendaciones, ya que las medidas de confinamiento, así como la paralización generalizada de la actividad empresarial, han afectado en algunos casos a los flujos de efectivo.
El organismo advierte de que los países con tributaciones bajas atraerán ingresos de otros territorios con mayor presión fiscal que se verán obligados a reducir sus impuestos y pide mayor coordinación global.
Para los técnicos el Gobierno debería "atacar la raíz de la dependencia", por lo que le ha instado a aprobar "incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades e IRPF al uso y producción de energías sustitutivas".
La nueva ley, que ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, llega tras la sentencia del TJUE que declaró ilegal el sistema que sanciona a los contribuyentes por no declarar a tiempo sus activos.
Creará un grupo de trabajo encargado de definir las prácticas internas que ya incorporan estas técnicas, cómo mejorarlas e identificar nuevas áreas y procesos donde poder aplicarlas.
La ministra de Hacienda ha asegurado que los reducidos tributos que se pagan en Madrid provocan "una suerte de 'dumping fiscal'", y ha recordado que solo las Cortes pueden fijar los criterios de financiación.
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