Madrid, 18 feb.- La nueva ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios legitimará a los fiscales para representar a los consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas abusivas en los contratos por parte de las empresas (bancos o compañías suministradoras de servicios como gas, luz, teléfono, etc).
Así se recoge en una enmienda transaccional del PP y el PSOE a esta ley, que previsiblemente aprobará mañana la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha explicado a Efe Pilar Grande, portavoz de Consumo del grupo socialista.
Hasta ahora, en ese tipo de situaciones la persona legitimada para reclamar era el propio afectado o las asociaciones de consumidores cuando se trataba de una reclamación que perjudicaba a un grupo de gente.
Con esta enmienda se consigue que el fiscal tenga legitimación para poder reclamar en nombre de los ciudadanos que han sido objeto de abuso.
La enmienda se materializará en una nueva disposición adicional en la ley, por la que se modificará la ley de Enjuiciamiento civil para legitimar a los fiscales en lo que se denominan "causas difusas", es decir, que afectan a muchos ciudadanos, han señalado las fuentes.
Ante la denuncia de una serie de usuarios por una cláusula abusiva, los fiscales podrán reclamar para el resto de consumidores también afectados.
Además, la ley recogerá la prohibición del consumo de cigarrillos electrónicos en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público.
Una enmienda transaccional del PP, PSOE y CiU plasma el acuerdo adoptado a este respecto por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado mes de diciembre.
Asimismo, regulará la publicidad de estos cigarrillos en aquellos soportes o franjas horarias que puedan ser visionadas por menores de 18 años.
Se trata de una enmienda que el PP podría consensuar también con esos dos grupos, si bien los socialistas están a la espera de que se concrete que la regulación afecta a todos los cigarrillos electrónicos y no sólo a "los dispositivos susceptibles de liberar nicotina", ya que en el texto remitido por los populares se eliminó la coletilla "y productos similares", han señalado las fuentes.
La regulación del "spam telefónico" es otro de los aspectos importantes que recogerá la nueva norma, que concretará la fórmula por la cual el ciudadano puede oponerse a las continuas llamadas o correos electrónicos de empresas comerciales que quieren venderle un determinado producto.
Aunque la ley de competencia desleal ya establece que no se pueden realizar operaciones de comercialización continúa si se opone el usuario, no especifica la forma de materializar esa oposición.
A partir de la aprobación de la Ley de Consumidores, gracias a una enmienda transaccional del PP y el PSOE, los ciudadanos deben ser informados de quién les llama, qué compañía y del motivo concreto de la llamada (qué quieren venderles).
Además, deben darles a elegir si desean seguir escuchando o, por el contrario, quieren que nunca más les llame esta empresa para ofrecerle el mismo producto.
En este último caso, el vendedor le facilitará un código, que el usuario podrá utilizar para denunciar a la empresa si vuelve a recibir llamadas del mismo tipo, han explicado las fuentes.
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