León, 24 oct.- La defensa de los diez mineros juzgados hoy en León por desórdenes públicos y atentados contra la autoridad en las movilizaciones de 2010 ha alcanzado un acuerdo con el fiscal y no cumplirán penas de cárcel, a cambio de no delinquir durante dos años, en el caso de siete de ellos, y de una multa para el resto.
El acuerdo se ha dado a conocer hoy en el juicio de conformidad celebrado en el Juzgado de lo Penal número uno de León.
En la vista, el ministerio fiscal ha procedido a exponer los términos del acuerdo y la modificación de las conclusiones para los diez acusados detenidos en el marco de las protestas mineras de septiembre de 2010, para cada uno de los cuales pedía inicialmente dos años y medio de prisión.
Los acusados, todos ellos sin antecedentes penales o con antecedentes penales no computables, para los que el fiscal pedía inicialmente dos años y medio de prisión, han aceptado los hechos y la condena solicitada por el Ministerio Público.
El juez dictará sentencia conforme a la solicitud de las partes de modo que siete de los diez acusados, todos ellos por delito de desórdenes públicos y cuatro además imputados por uno de atentado contra la autoridad, podrán computar la pena de seis meses y de un año de prisión, respectivamente, por dos años sin delinquir.
Esta suspensión condicional de las penas privativas de libertad será revocada si los condenados se ven implicados en algún altercado.
Asimismo, otros dos de los acusados imputados por sendos delitos de desórdenes públicos condenados a seis meses de prisión, podrán computar la pena por doce meses de multa a razón de dos euros diarios -729 euros-, mientras que el otro acusado, sobre el que pesaba una falta de desobediencia, ha sido condenado a sesenta días de multa a razón de cuatro euros diarios -240 euros-.
Además, uno de ellos tendrá que abonar una indemnización de noventa euros a un agente de la Guardia Civil.
Minutos antes del inicio de la vista, uno de los acusados, Lisardo Riesgo, ha explicado a los periodistas que el acuerdo es la mejor de las soluciones dentro de un proceso que, ha considerado, se fundamenta en unas acusaciones que no son ciertas, pero "es su palabra -la de los agentes- contra la nuestra, pero aquí tenemos que pagar justos por pecadores".
Además, también ha denunciado que se han sentido desamparados por los sindicatos, a quienes les ha reprochado: "Para ponernos allí contra los antidisturbios sí, pero venir aquí a dar la cara, absolutamente nada".
Según ha dicho Riesgo, "quitando que nos han pagado el abogado, no han hecho mucho más y no ha venido aquí nadie".
Los hechos se remontan al 10, 14 y 16 de septiembre de 2010 en el marco de las protestas mineras en las que se produjeron diversos cortes en la autopista AP-66 y la carretera CL-626, a la altura de la localidad La Magdalena (León). EFE
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