Bruselas, 13 dic.- Los ministros de Telecomunicaciones de la UE acogieron bien la propuesta de la Comisión Europea de introducir medidas para bajar aún más los precios por usar el móvil en itinerancia ("roaming"), pero expresaron dudas sobre cómo aplicar en la práctica la disociación de esos servicios de los nacionales.
La CE abogó en julio pasado por nuevas medidas estructurales para rebajar tarifas e incrementar la competencia en el sector, que incluyen la posibilidad de que los usuarios de teléfonos móviles puedan, desde 2014, firmar un contrato con otro operador distinto al que les provee los servicios nacionales cuando lo utilicen desde otro país de la UE, sin tener que cambiar de número o tarjeta SIM.
El Consejo de Ministros se mostró hoy a favor de proteger a los consumidores y de que la tarifa que pagan por hacer llamadas, enviar mensajes de texto o acceder a internet a través de su móvil en el extranjero se aproxime, cada vez más, a la que pagan en su país por utilizar los mismos servicios.
No obstante, en un debate público celebrado en el curso del Consejo, la mayoría de los Estados miembros se mostró partidaria de que la nueva regulación sólo dé orientaciones generales y no detalle las soluciones estructurales, algo que creen que debe recaer en el Organismo de reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC), en coordinación con los expertos nacionales.
Francia defendió estudiar con detenimiento la "viabilidad técnica" de la disociación del servicio "roaming" así como su impacto en los costes, y propuso exonerar de la obligación de disociar a los operadores que estén dispuestos a ofrecer unas tarifas en itinerancia parecidas a las nacionales.
España, con una posición parecida y preocupada también por los costes que entrañaría separar los servicios, abogó por que la solución estructural que se adopte sea "factible" y adecuada al desarrollo de los mercados.
Por su parte, Reino Unido indicó que los topes a los precios mayoristas que la Comisión propone mantener deben establecerse a un nivel que permita una "competencia efectiva", y que las medidas estructurales no deben ser perjudiciales para los operadores.
En esa línea, Holanda opinó que la imposición de precios máximos -en que se fundamentaba la actual ley con vistas a abaratar los servicios en itinerancia- es la manera "más drástica" de intervenir, por lo que "hay que evitarla", y advirtió de que habrá que asegurarse de que las soluciones estructurales propuestas "realmente surten efecto".
Los países también se mostraron proclives a que, si la negociación de las medidas estructurales se demora, se prolongue la actual legislación sobre "roaming", que expira el próximo 30 de junio de 2012.
La vicepresidenta de la CE y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, valoró que "hay consenso" entre los ministros para avanzar en la propuesta, y recordó que los topes de tarifas deben fijarse de manera que permitan el libre juego de la competencia y el mercado.
Sobre lo interrogantes acerca de la realización técnica de la disociación del "roaming", afirmó en una rueda de prensa que la Comisión está "abierta a poder examinar otras soluciones de ejecución, en la medida en que aporten competencia suficiente para todo tipo de consumidores, incluyendo los usuarios de servicios de datos".
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