Los profesionales de la Agencia Tributaria denuncian injerencias políticas en su tarea

"Viene ocurriendo desde hace meses y es muy malo para la Agencia Tributaria". El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, no tiene ninguna duda respecto al origen de los conflictos que desde hace meses vienen sacudiendo el órgano público de lucha contra el fraude.

En su opinión, la cadena de ceses que se ha producido en la Delegación de Grandes Contribuyentes en los últimos días se debe a una intromisión con intencionalidad política en el normal funcionamiento de la Agencia.

Cruzado se refería así al cese de una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes que "ratificó una sanción a una multinacional", la cementera mexicana Cemex, lo que acabó conllevando su "cese inmediato" por parte del jefe del departamento, que "tenía otro criterio".

"A veces hay discrepancias técnicas, pero no es normal que eso provoque luego una cadena de ceses y dimisiones. La Agencia Tributaria dice que es normal, que es parte de la reestructuración (motivada por el cambio de dirección en la Agencia), pero eso ya se hizo hace cinco meses y esto no es normal", ha insistido el presidente de los subinspectores de Hacienda.

El principal temor de los profesionales de la Agencia es que episodios como éste acaben deteriorando la imagen público de un organismo cuya importancia es central, ya que se encarga de gestionar la recaudación por impuestos y supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según Cruzado, escándalos como el fulminante cese de la inspectora encargada de supervisar a Cemex tras la firma de un acta que perjudicaba a la empresa "da una imagen de ente instrumentalizado políticamente".

Y ése es también el temor que manifiestan los inspectores de Hacienda, aunque en un estilo mucho más moderado. "La intromisión de criterios ajenos a los técnicos, o de voluntades distintas a las de los órganos encargados de decidir los expedientes tributarios, supondría traspasar una línea roja que, en caso de demostrarse, y trascender públicamente ensuciaría la imagen de nuestro colectivo".

¿Por qué dicen esto los inspectores? Porque tampoco aprecian argumento técnico alguno que justifique el cese de la inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes destituída por la dirección de la Agencia y porque sospechan que puede haber influído algún otro criterio.Decisiones técnicas, no políticas

El Gobierno niega la mayor. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dejar bien sentado que las decisiones de la Agencia Tributaria se adoptan "en función de criterios técnicos, en ningún caso políticos".

Y la Agencia Tributaria salió también al paso de las acusaciones de injerencias políticas con un comunicado en el que recordaba varias cosas.

Uno, que el sistema de puestos de libre designación existe, es legal y del mismo modo que permite contratar a alguien sin que tenga que superar un concurso previo, también permite su cese sin mayores explicaciones.

Una cuestión, por cierto, que la Asociación de Inspectores de Hacienda alienta a cambiar para evitar la adopción de decisiones arbitrarias.

Dos, que la famosa destitución de la inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes "responde a un proceso normal de relevo en la Agencia Tributaria", cuya radical primera fase se vivió el pasado mes de julio con la sustitución de cinco altos cargos y de decenas de cargos intermedios.

Y tres, que eso de que haya profesionales de la Agencia Tributaria hablando de actuaciones concretas de Inspección rompe la garantía de secreto de las actuaciones establecida en la Ley General Tributaria y perjudica gravemente la lucha contra el fraude, por lo que insta a los profesionales del organismo a no comentar nada sobre el particular.

Una advertencia exótica si se echa la vista atrás porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tuvo empacho alguno en revelar en sede parlamentaria que ni Luis Bárcenas ni ninguna sociedad en la que fuera partícipe se había acobido a la supuestamente anónima amnistía fiscal, ni para acusar a actores, políticos o periodistas de no cumplir sus obligaciones fiscales con el rigor debido.