Madrid. El gobierno regional asegura que la nueva ley de cajas despolitiza y profesionaliza la gestión de caja madrid

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, que adapta la legislación autonómica a la estatal, despolitiza y profesionaliza la gestión, según el Ejecutivo autonómico.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, explicó que con este proyecto se reduce y limita la representación del sector público en los órganos de gobierno, en aras a profesionalizar su gestión, se introducen las nuevas estructuras que pueden adoptar las cajas y se potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.
Los consejeros no podrán ser cargos políticos electos o altos cargos de la Administración o del sector público, y al menos la mitad de los vocales del Consejo de Administración y la totalidad de los miembros de la Comisión de Control deberán acreditar conocimientos y experiencia en el sector.
Asimismo, se suprime el representante autonómico en la Comisión de Control de las cajas de ahorro. Además, se introduce la incompatibilidad de la presidencia ejecutiva y la dirección general de las cajas con cualquier otra actividad retribuida y se endurece el régimen de incompatibilidades en la percepción de retribuciones.
De esta forma, se regula como incompatible percibir simultáneamente retribuciones del SIP y de las diferentes Cajas que lo pueden constituir.
Por otra parte, el anteproyecto transcribe lo recogido en la ley estatal sobre el período máximo de 12 años de mandato de los miembros de los órganos de gobierno.
Los que se renueven con posterioridad a la publicación del real decreto estatal no pueden superar dicho límite salvo que se produzca un proceso de integración o fusión, en cuyo caso se permitiría superarlo hasta agotar el mandato.
La nueva ley incorpora también la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también les corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados).
Además, se regulan los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas a través de entidades bancarias (es decir entidades cuya gestión financiera sea llevada a cabo por un banco y cuya obra social la siga gestionando la caja), y la transformación de las cajas en fundaciones de carácter especial (por propia decisión o porque las acciones de la Caja en el banco se reducen por debajo del 50%).
Beteta explicó que su departamento autorizó esta misma mañana la transmisión de las acciones de una caja en la entidad central de un SIP e informó de que una vez que se aprueben sus estatutos, Caja Madrid tendrá dos meses para reducir la representación pública al 40%.
En una primera fase, la Cámara de Comercio cederá su representación a las entidades que ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios en la Comunidad de Madrid.
En el mismo plazo, las entidades representativas de carácter público que pudieran originar que se sobrepase el 40% establecido por la legislación estatal, deberán ser sustituidas.
Con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de la obra social, la ley garantiza que las cajas de ahorros que ejerzan su actividad en la Comunidad de Madrid desarrollen obras sociales en proporción a los recursos captados en la región y de acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la norma prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación.
Para garantizar su cumplimiento, se refuerzan las funciones de la Comisión de Obra Social, que contará con un representante de la Comunidad de Madrid, y se la vincula a la Asamblea General de la caja.