El proyecto estrella del Ministerio de Industria, el PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), lleva un año sin completar su estructura de gobernanza, con la elección de una persona de reconocido prestigio que actúe como vicepresidente de este gran plan que espera movilizar más de 24.000 millones de euros hasta 2023. Tras la renuncia de la compañía Ford a las ayudas del Gobierno por problemas internos de la empresa y las dudas de Seat y Volkswagen en torno a su participación en el PERTE por la escasa ayuda de los fondos, la ministra de Industria, Reyes Maroto, trata de hacer malabares en este complejo escenario. Pese a esta realidad, desde el Ministerio continúan sin nombrar a esta figura clave para impulsar uno de los proyectos más importantes del Plan de Recuperación.
El Gobierno se comprometió, según se desprende del resumen ejecutivo, a crear una alianza para el vehículo eléctrico y conectado (VEC). Estaría presidida por la ministra Maroto y vicepresidida por "una persona de reconocido prestigio en el sector". Este puesto sería elegido por el Gobierno y su función consistiría en "el impulso y la promoción entre los actores públicos y privados del PERTE". Desde la CEOE llevan reclamando de manera interna el nombramiento de esta persona. Mientras, los sindicatos y las asociaciones del sector se muestran soprendidos por continuar un año después sin un cargo tan relevante en la gobernanza del PERTE.
La estructura de gobernanza del PERTE la completan, tras la figura del presidente y el vicepresidente, un grupo de trabajo interministerial (donde se encuentra Industria, Hacienda, Economía, Ciencia, Educación o Transporte) y una mesa de automoción (conformada por las CCAA, las principales asociaciones empresariales y los sindicatos).
Fuentes de la CEOE aseguran a este periódico que "la gestión de los PERTES necesita orientación privada. Habíamos propuesto oficinas especializadas, pero no nos hicieron caso. Les hemos instado varias veces a que nombren una vicepresidencia para este PERTE, y tampoco. Si existiera este puesto, se podría gestionar el proyecto mejor. La llegada de un experto en ese puesto no le quitaría protagonismo político sino que lo impulsaría. No entenemos por qué sigue sin haber una figura como esta cuando ellos mismos lo detallan en su informe de presentación".
En otros proyectos estratégicos del Plan de Recuperación, como es el caso del PERTE Chip, sí existe un comisionado de expertos que está ayudando a la atracción de inversores y a mejorar las líneas de estrategia. Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, eligió al experto tecnológico, Jaime Martorell, para liderar este proyecto tractor clave para el Gobierno. Un hombre que atesoraba experiencia en el sector tanto en nuestro país como en Estados Unidos.
El vaivén en el PERTE VEC
A principios de agosto, Industria anunció una primera convocatoria de ayudas para las compañías interesadas en el PERTE VEC. Así, Maroto movilizó 702 millones de euros de las que se nutrieron más de una decena de empresas o asociaciones de compañías. Entre estas destacó la alianza entre SEAT y Volkswagen -que recibieron 167,3 millones para para la gigafactoría de baterías de Sagunto-, Mercedes-Benz -que se llevó 159,3 millones de euros para su plan de electrificar la planta de Vitoria- y Ford, que logró 106,3 millones para fabricación del vehículo del futuro, eléctrico y conectado.
Pero pronto el devenir del PERTE fue complicándose. A finales del mes de agosto la empresa norteamericana Ford renunció a las ayudas otorgadas por Maroto por problemas internos. Unas semanas después, SEAT y Volkswagen hacían públicas sus dudas sobre si, al final, llevar a cabo la inversión en España por la escasez de la subvención. Desde Industria movieron ficha de forma rápida y aumentaron esa ayuda incial de primeros de agosto de los 702 millones a los 877 millones.
Una realidad que aunque ha supuesto un aumento de la ayudas generalizada en los proyectos, como Stellantis (que pasó de los 42,4 millones a los 52,2 millones) o la propia iniciativa liderada por SEAT y Volkswagen, que pasaron de 167,3 millones a 367,37 millones, la inversión pública comprometida sigue siendo inferior a la propuesta en la primera convocatoria, que es de 2.975 millones de euros. El Ejecutivo ha justificado que el resto del dinero pendiente -2.095 millones- se aplazará en principio para una segunda convocatoria durante el primer trimestre de 2023.
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