Caracas, 10 sep.- Un total de 32 países se sumaron hoy en Caracas a la futura creación del "Observatorio del sur sobre inversiones y trasnacionales" que buscará "salvaguardar los intereses" de los firmantes.
"Lo que vamos a debatir aquí es (...) cómo nuestros países, sobre todo los productores de materias primas y recursos naturales (...) podemos establecer una estrategia común para salvaguardar nuestros intereses", dijo el canciller venezolano, Rafael Ramírez, durante el inicio de la II reunión ministerial de Estados Afectados por Trasnacionales.
Ramírez informó sobre la existencia de un comité ejecutivo formado por la misma Venezuela, República Dominicana y Ecuador que propuso la creación de un observatorio para "hacer seguimiento, obtener información y poder compartir experiencia" en la defensa de los intereses de los 32 países partícipes.
"Es necesario que el Sur tenga una estrategia común y (...) que nuestros países podamos compartir experiencia y crear mecanismos que nos permitan hacerle frente a estas situaciones que la mayoría de las veces derivan en agresiones o intromisiones", afirmó en el encuentro que también contó con la participación de gobiernos de África, Asia y el Caribe.
Para el ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, el observatorio permitirá tener una base de datos que sistematice la información de los conflictos que las trasnacionales tienen en los países para, afirmó, "utilizarlo adecuadamente".
Señaló que el mismo también tiene que permitir "una asesoría legal" a estos Gobiernos y trabajar "en la capacitación técnica y política" de funcionarios en estos Estados para "enfrentar" los conflictos con estas empresas.
En la primera de estas reuniones ministeriales en abril del año pasado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil los por entonces 12 participantes, todos latinoamericanos, ya se dio el primer paso para elaborar un plan para enfrentar a las compañías que acuden a cortes de arbitraje para dirimir contenciosos comerciales o de inversión.
Entonces el canciller ecuatoriano se refirió, entre otros, al fallo emitido por un centro arbitral de Naciones Unidas contra su país, a favor de la petrolera estadounidense Chevron.
Chevron-Texaco fue condenada en 2011 en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños ambientales causados entre 1964 y 1990, cuando operó en la Amazonía la compañía Texaco, adquirida después por Chevron.
En 2013, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la condena pero rebajó a 9.500 millones de dólares la indemnización aunque la multinacional reniega de las acusaciones y asegura que la condena impuesta en Ecuador obedece a una supuesta trama de fraude en las cortes del país andino.
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