Moncloa blinda las videoconferencias desde el búnker por temor al espionaje

Moncloa aún mantiene su temor tras los espionajes, por medio del software israelí Pegasus, al presidente Sánchez y a los ministros de Defensa e Interior. De hecho, este caso no ha sido una anécdota de la primavera, sino una cuestión de primer orden dentro del recinto de La Moncloa. Así, el Ministerio de la Presidencia ha decidido 'blindar' el búnker de La Moncloa, donde se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional (que es el órgano de asesoramiento al presidente en materia de Seguridad Nacional), todas las videoconferencias que tienen lugar en el recinto presidencial.

El Consejo de Seguridad Nacional ha puesto a disposición del gabinete de Sánchez un sistema de comunicaciones seguras denominado Malla B para el establecimiento de comunicaciones cifradas. "Como parte de las Comunicaciones Especiales de la Presidencia del Gobierno, se ofrece un servicio de videoconferencia segura, que se utiliza de forma regular en reuniones de organismos de la Administración, pero cuyo uso se intensificó desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de Covid-19.". 

Desde Presidencia justifican esta actuación criticando su acutal sistema de videoconferencias. "No tiene la capacidad suficiente para mantener las reuniones del Consejo de Ministros y otras de diversos organismos de la Administración que, generalmente, se solapan en el tiempo; y tampoco cumple los requisitos necesarios para garantizar la correcta continuidad del servicio, al utilizarse equipamiento que se encuentra fuera del periodo de soporte y mantenimiento por parte del fabricante, no disponiendo de garantía de resolución ni posibilidad de repuestos ante cualquier incidencia o avería que pudiera ocurrir sobre el mismo, circunstancia que, por sí misma, ya hace necesaria la adquisición e instalación de un nuevo equipamiento actualizado".

Una actuación que ha llevado a cabo la mano derecha del presidente del Gobierno, Félix Bolaños, de forma discreta durante el mes de mayo con el Consejo de Seguridad Nacional; y que se materializó ayer por medio de un contrato negociado sin publicidad a la empresa Centro Regional de Servicios Avanzados (conocida por sus siglas CSA) por un monto total de 435.538 euros. Esta empresa, que cuenta hoy con 200 trabajadores, fue fundada en 1996 y centra su actividad en la "provisión de servicios y soluciones en sistemas informáticos y de comunicaciones" en la industria, las AAPP, la banca y la logística.

Este escenario apunta ahora a todas aquellas videoconferencias, incluidos consejos de ministros o comisiones generales de secretarios de Estado y subsecretarios, que se llevaron a cabo desde que se desató la pandemia y que han podido estar bajo la amenaza de los 'hackers'. De hecho, en el propio documento justifican la tardanza de esta contratación y la posibilidad del riesgo. "Debido a la situación de insuficiencia presupuestaria, dicha contratación no ha podido realizarse hasta que se ha subsanado la misma, convirtiéndose en una necesidad que afectando a la seguridad nacional tiene que ser satisfecha de forma inmediata ya que puede quedar comprometida la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado".

El caso Pegasus sigue presente en el Congreso

El Ejecutivo, más de un mes después, sigue capeando -como puede- las consecuencias de una publicación del diario norteamericano 'The New Yorker' que apuntó al espionaje (a través de un software israelí que solo pueden utilizar gobiernos) de más de 60 líderes independentistas, durante los años 2017 y 2020. Una información que se basó en un estudio de un centro dependiente de la Universidad de Toronto. Tras esta información, el Gobierno reconoció, de forma apresurada, que el presidente Pedro Sánchez y dos de sus ministros (los titulares de Defensa e Interior) también habían sido espiados. 

Además, se montó sobre la marcha una Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso (donde confirmó solo el espionaje a 18 políticos nacionalistas, entre ellos al actual president de la Generalitat) y fulminó a la directora de los servicios de Inteligencia del país. Una serie de decisiones que de poco les sirvió: sus socios nacionalistas aún quieren más gestos y ponen en juego su apoyo a las nuevas reformas hasta que el presidente aclare esta controvertida situación. Un escenario que solo ha empeorado desde que Sánchez -en su intervención la pasada semana en el Congreso- achacase como responsables de los 18 espionajes al CNI y al juez del Tribunal Supremo.