El decreto de los fondos europeos es una de las normas más importantes de la legislatura. Un texto clave para la recuperación, donde se enmarca todo el modelo de reparto de los fondos europeos. Y sigue empantanado en el Congreso de los Diputados. Los partidos que conforman el Gobierno de coalición han hecho uso de la mayoría que ostentan en la Mesa del Congreso para ampliar una y otra vez, prácticamente semana tras semana, el plazo de presentación de enmiendas. Así hasta en 54 ocasiones, según explican a La Información fuentes parlamentarias. El objetivo de Moncloa es no abrir en canal el modelo de reparto del maná comunitario y tener que realizar cambios en su gestión en la recta final de la legislatura.
En el Gobierno presumen de que los fondos europeos son la columna vertebral de la recuperación económica a la que fían la reelección. Para ello el Gobierno aprobó el conocido en ámbitos políticos como "decreto 36", una especie de ley omnibus bajo la que se ha dado encaje a los diferentes mecanismos que permitirán el reparto de las transferencias y créditos tanto en esta legislatura como en la siguiente. Una norma "imprescindible", según Moncloa, para que las ayudas se ejecuten en tiempo y forma. Pero no todo salió como se esperaba. Y eso, el no tener una mayoría clara, para convalidar el modelo y que pueda abrirse en canal el modelo de gestión ha llevado al Gobierno a ampliar dichas 54 veces la tramitación.
La convalidación fue especialmente accidentada, dándose un hecho único en el hemiciclo. Durante la semana de la votación, ERC se puso de perfil y comunicó que votaría en contra. El PP, entonces dirigido por Pablo Casado también se fue al ‘no’, pese a las presiones que recibió. Entonces apareció Vox. Fue el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien anunció desde la tribuna la abstención patriótica de sus 52 diputados, lo que confirmaba que el decreto quedaba salvado 'in extremis'. 170 síes, 126 noes y 52 abstenciones. Mayoría simple y en la CEOE respiraron tranquilos. Minutos más tarde EH Bildu se sumaba al 'sí', junto al PNV.
Si los de Santiago Abascal hubieran votado 'no', el decreto habría fracasado y todo el engranaje montado durante varios meses por el Gobierno hubiera decaído. Esta situación ofrece una idea del caminar de la legislatura: el decreto económico probablemente más importante, con permiso de los del escudo social del inicio de la pandemia o de la norma que bonifica los combustibles, aprobado gracias al gesto de Vox. Tal y como se informó en este diario, la patronal presidida por Antonio Garamendi movió sus hilos para salvar la votación.
Pero la condición que impuso el pleno fue la de tramitar el decreto como proyecto de ley para incluir cambios. Se esperaba que el Gobierno abiera entonces una negociación con los grupos para mejorar el texto, pero esas conversaciones ni siquiera han comenzado dieciséis meses después. El texto sigue igual, salvo alguna mejora que ha introducido el Gobierno de forma unilateral también vía real decreto haces sólo unas semanas.
Apenas un mes más tarde de la convalidación del decreto -fue todo un 'matchball salvado por el Gobierno-, el Consejo de Estado publicó su informe. Un texto que no era preceptivo ni vinculante, pero que sí contenía advertencias importantes al Ejecutivo. El documento criticaba la falta de controles ex ante y reclamaba que los Perte o proyectos estratégicos, que ahora Moncloa ha impulsado en vísperas de la campaña en Andalucía, fueron mejor definidos. Presidencia aseguró que las principales recomendaciones del informe habían sido incorporadas pero la oposición habló de un informe "demoledor" contra el armamento legal que había montado Sánchez.
El Gobierno no ha dejado pasar la oportunidad de introducir algunas mejoras en el decreto de los fondos europeos aprovechando otros decretos. Es el caso de una disposición adicional incorporada al decreto antiinflación que también le costó convalidar al Ejecutivo y que fue posible hacerlo por un acuerdo con EH Bildu. Es esta norma se flexibiliza el calendario de cierre de ejercicio y, lo que es aún más relevante, se modifica la autorización legal previa para contratar, lo que supone una relajación de los controles ex ante.
Todos los grupos parlamentarios consultados, incluido el PP y Vox, tienen listas una potente batería de enmiendas para modificar el decreto de los fondos europeos. Pero hasta que la Mesa del Parlamento no desbloquee la tramitación no será posible. Un miembro del órgano de gobierno del Congreso asegura que no hay previsión alguna de cuándo abrir el plazo de presentación de enmiendas y que no han recibido ninguna indicación de sus partidos para que se vaya a hacer en las próximas semanas.
La solución no es sencilla. Es más, en el PP consideran que es muy probable que la legislatura termine, aunque llegue a diciembre de 2023, y que el decreto decaiga, como hacen todas las normas una vez se disuelvan las Cortes. Mientras tanto, la arquitectura legal del reparto de los fondos europeos sigue en vigor y el Gobierno puede tomar sus decisiones.
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