El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, es según CBRE Ellis uno de los cuatro mayores propietarios del cotizado eje madrileño del paseo de la Castellana, privilegio que comparte con gigantes como la socimi del Ibex Merlin Properties, Mutua Madrileña o Pontegadea, la sociedad patrimonial de Amancio Ortega. Es también uno de los principales caseros de esta zona 'premium', dónde aloja a un puñado de empresas privadas, a instituciones internacionales como la Representación de la Comisión Europea en España y a organismos dependientes del Estado como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria.
Hasta hace apenas unos meses, el Consorcio facturaba todos esos contratos de arrendamiento -por los que en 2018 ingresó 22,58 millones de euros según sus cuentas anuales- del mismo modo, repercutiendo a los arrendadores fueran públicos o privados el correspondiente IVA del 21% en las facturas del contrato. Una resolución de la Dirección General de Tributos a consulta del organismo fechada el pasado 21 de febrero ha venido a cambiar sustancialmente ese panorama. El organismo del Ministerio de Hacienda determina que los contratos de alquiler de inmuebles firmados entre organismos dependientes de la misma Administración Pública están exentos de IVA y que, por tanto, el propietario no debe repercutir el impuesto a sus inquilinos.
Dice también que ese criterio es aplicable desde el 7 de noviembre de 2017 lo que según el Consorcio de Compensación de Seguros "supone la necesidad de regularizar el importe del IVA ingresado (en las arcas de Hacienda) mediante la solicitud de ingresos indebidos y la modificación del régimen del IVA soportado deducible aplicado por el Consorcio". En lo que al organismo dependiente del Ministerio de Economía se refiere el nuevo escenario le llevará a reclamar el reintegro por parte de la Hacienda Pública de los 360.000 euros abonados en concepto de IVA por el 'autoarrendamiento' del edificio del Paseo de la Castellana, 44, donde tiene su sede institucional.
Sin embargo, el impacto más relevante para las arcas públicas se oculta en el IVA repercutido por el Consorcio de Compensación de Seguros a sus inquilinos, el puñado de organismos dependientes de la Administración del Estado de los que es casero y a los que según las cuentas del organismo correspondientes a 2018 'cargó' cerca de 3,8 millones de euros en concepto de IVA por sus contratos de arrendamiento.
El organismo aclara que esas cuentas ya no "afectan a la situación patrimonial del Consorcio", ya que tendrán que ser los organismos afectados los que reclamen de forma directa la rectificación de las cuotas impositivas que les fueron repercutidas de forma indebida, según el criterio sentado por la Dirección General de Tributos, y que se ingresaron en su día en las arcas de la Hacienda Pública.
Devoluciones también en el 'ámbito SEPI'
No se trata de una situación puntual. La redacción de la nueva Ley de Contratos del Sector Público no terminó de dejar claro el régimen de IVA aplicable a los arrendamientos del inmuebles en el ámbito del sector público y los caseros optaron por repercutir el impuesto de manera normal en tanto Tributos no resolviera las consultas realizadas sobre el particular. Así lo hizo también Sepides, la sociedad de gestión inmobiliaria de la SEPI, que desde el 1 de junio de 2016 ostenta la titularidad de la sede central del hólding empresarial del Estado en la calle Velázquez 134 y que gestiona los contratos de arrendamiento a las sociedades estatales que tienen situada su sede en ese edificio.
En el caso de SEPI, la respuesta de Tributos llegó en noviembre de 2018 y desde entonces varias de las sociedades del hólding estatal "han rectificado las cuotas impositivas repercutidas inicialmente mediante la expedición de facturas rectificativas por las operaciones afectadas", según reconoce el organismo en sus cuentas.
El cambio en la situación fiscal de los arrendamientos gestionados por Sepides ha generado ya en 2018 un menor coste para SEPI, y unos menores ingresos para la Hacienda Pública, de 488.000 euros.
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