Más de 3.000 consultas tributarias de empresas sobre aspectos controvertidos de la legislación del Impuesto de Sociedades esperaban a la altura del pasado mes de julio la preceptiva respuesta del Ministerio de Hacienda a efectos de determinar el modo adecuado de tributar en cada uno de esos casos. La situación de colapso había llegado a tal punto -con demoras de más de dos años en las contestaciones en algunos casos- que muchas empresas habían optado por tirar hacia adelante con su interpretación de la norma sin esperar a conocer el criterio de Hacienda, aún a riesgo de encontrarse con una inspección tributaria a posteriori.
Las consultas vinculantes operan como una suerte de 'puerto seguro' para las empresas. Hacienda habilitó este canal en su día para resolver por la vía pacífica las dudas de las empresas respecto a la correcta aplicación del Impuesto de Sociedades en casos especialmente complejos o poco claros. Realizada la consulta, Hacienda traslada a la empresa su criterio respecto a cómo tributar en ese caso. Si la empresa se ajusta a ese criterio está a salvo y si no lo hace entra en un terreno resbaladizo que puede acabar en una inspección fiscal, pero lo hace consciente de no haber seguido al pie de la letra la opinión de Hacienda. El asunto es que este canal ha terminado por bloquearse en los últimos años entre la rotación de responsables en la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas -la encargada de resolver los casos de Sociedades- y la intensificación del flujo de consultas a lomos del incremento de las obligaciones formales y de la mayor complejidad del impuesto.
Hacienda ya ha comenzado a trabajar en un sistema más ágil de respuesta a estas consultas, con una mayor implicación de la Agencia Tributaria. En tanto llega ese nuevo esquema, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado el parón regulatorio forzado por la ausencia de Gobierno para abordar una reordenación puntual de la Dirección General de Tributos con el objetivo de reforzar temporalmente el Área de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, que dirige Silvia López Ribas, en orden a desembalsar una parte de las miles de consultas de empresas pendientes de resolución, según trasladan a La Información fuentes del ámbito tributario.
Los resultados del movimiento de Montero, que se ha traducido en un refuerzo de los recursos humanos de la Subdirección General, ya han comenzado a notarse. Según la base de datos de consultas de la Dirección General de Tributos, hasta el pasado 30 de junio la subdirección competente había resuelto 82 consultas vinculantes del Impuesto de Sociedades, lo que ya supone de largo la mayor cifra desde el año 2016 y una aceleración considerable respecto a las 11 que se habían resuelto en el primer trimestre del año.
Hacienda aún no ha hecho públicos los datos del mes de julio, pero las fuentes consultadas avanzan que en el curso del verano Tributos habría dado salida a más de un centenar de consultas en el marco de este 'plan de choque' activado por el Ministerio de Hacienda para resolver el colapso en las consultas tributarias.
Hasta la fecha, el argumentario del Ministerio pasaba por atribuir el atasco en las respuestas de la Dirección General de Tributos en el Impuesto de Sociedades a la especial complejidad de las consultas planteadas y por asegurar que el órgano estaba realizando todos los esfuerzos para tratar de resolver las cuestiones con la mayor rapidez. Fuentes del ámbito de la asesoría fiscal, sin embargo, atribuyen ese atasco a la inusual rotación en el puesto de responsable de los Impuestos de las Personas Jurídicas y también a la falta de recursos de la Dirección General de Tributos, a la que en los últimos años se le han encomendado nuevas competencias sin mejorar en paralelo su dotación de personal.
Un nuevo sistema más ágil para evitar atascos
El objetivo de este plan es descargar en parte la 'cola' de consultas por resolver en la bandeja de entrada de Tributos, pero tanto Hacienda con los profesionales del ámbito fiscal son conscientes de la necesidad de cambiar el modelo actual para evitar nuevos colapsos en el futuro. El asunto se ha tratado en las reuniones que Hacienda y la Agencia Tributaria mantienen regularmente con los asesores fiscales y desde la Administración Tributaria se ha deslizado la idea de encomendar a la Agencia Tributaria un filtrado previo de las consultas a efectos de determinar si éstas pueden ser resueltas a partir de un criterio ya asentado por la DGT, de forma que sólo llegarían a Tributos aquellas consultas sobre las que no exista ya un criterio claro.
Fuentes presentes en esas reuniones aseguran que tanto Hacienda como el sector coinciden en que de ese modo no sólo se reduciría sensiblemente la carga de trabajo de la DGT, sino que también se agilizaría la respuesta a las empresas que principalmente utilizan este canal para resolver sus dudas en operaciones de fusiones y absorciones, por lo que necesitan de una contestación inmediata para no comprometer las operaciones mercantiles planteadas por sus clientes.
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