Bruselas.- El Gobierno español busca un encaje a la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad en Radiotelevisión Española (RTVE), con el fin de evitar un enfrentamiento con la Comisión Europea ante la Justicia comunitaria.
El ministro español de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se reunió hoy con la comisaria europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes, para conocer de primera mano sus reparos a la ley española.
Jáuregui se comprometió a enviarle una propuesta de enmienda en el plazo de un mes, pero las diferencias respecto al modelo de financiación del ente persisten, según las fuentes consultadas.
Bruselas defiende que la tasa del 0,9% impuesta a los ingresos brutos de los operadores es ilegal porque supone una doble imposición y viola el principio de que los impuestos aplicables a las estas empresas deben estar directamente relacionados con los costes administrativos y de reglamentación.
En este sentido, España tiene dos opciones según Bruselas: retirarla o ampliar su aplicación, de manera que sea un impuesto sobre las actividades económicas más general.
El ministro Jáuregui rechazó hoy la posibilidad de eliminar el impuesto, que calificó de "imprescindible", e incluso la introducción de cambios que afecten a los ingresos percibidos o a su destino, que en todo caso será la financiación del ente público.
Asimismo, dijo que la tasa no graba el uso del espectro radioeléctrico por duplicado, sino por "otro hecho imponible", relacionado con la circunstancia de que los operadores de telecomunicaciones se hayan beneficiado a su juicio de la renuncia de RTVE a los ingresos publicitarios.
El ministro de la Presidencia sí se mostró dispuesto a estudiar "ajustes técnicos" que no afecten al contenido de la ley, con objeto de evitar el enfrentamiento judicial con Bruselas.
En realidad, España está ya fuera de plazo para hacerlo, según recordaron hoy fuentes comunitarias.
Aunque la Comisión no ha aprobado aún la decisión de acudir a la Justicia, el límite dado por el Ejecutivo comunitario para que España modificara la ley finalizó en noviembre pasado.
En este sentido, Bruselas ha avisado a España de que "no parará el reloj" en el proceso de infracción hasta contar con algo más que con una promesa de enmienda sin mayores precisiones.
Por el contrario, aun incluso de que la reforma llegara tarde y el proceso legal hubiera comenzado, Bruselas lo frenaría si considerase que España ha actuado atendiendo a sus consideraciones, según las mismas fuentes.
El Gobierno español tiene abierto otro frente respecto al modelo de financiación del ente público de radiotelevisión, en este caso relacionado con la legislación europea sobre ayudas públicas.
El 20 de julio, el Ejecutivo comunitario archivó una segunda investigación tras concluir que la ley respeta la normativa comunitaria sobre ayudas al prestar un servicio público de radiodifusión.
Sin embargo, una cadena ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, según Jáuregui, que consideró que esta parte está "encauzada".
Según cálculos del Ejecutivo español, la tasa a los operadores estatales de telecomunicaciones supondría ingresos de 230 millones de euros en 2010.
Francia tiene abierto un caso similar con la Comisión Europea tras retirar la publicidad de sus cadenas públicas de televisión.
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