Negociación colectiva. El congreso convalida la reforma del gobierno

El Pleno del Congreso de los Diputados votará hoy la convalidación de la reforma de la negociación colectiva, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de junio.
Todo apunta a que el Congreso convalidará el real decreto gracias a la abstención de algunos grupos parlamentarios, mientras que, en principio, también se decidirá su tramitación como proyecto de ley.
El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, afirmó ayer que el grupo parlamentario ya tiene el apoyo suficiente para la convalidación del decreto.
La reforma elaborada por el Ejecutivo trata de buscar un punto de equilibrio entre las posturas que mantuvieron las organizaciones sindicales y empresariales antes de la ruptura de la negociación. Por un lado, el Gobierno mantiene la ultraactividad de los convenios, es decir, la continuidad de las principios que regula el convenio más allá de su vigencia.
Por el otro lado, amplía la flexibilidad interna de las empresas, fijando un porcentaje mínimo del 5% de la jornada laboral que se puede distribuir de forma irregular, y anteponiendo los convenios de empresa a los provinciales.
No obstante, uno de los puntos que en el futuro podría crear más polémica es la deriva obligatoria de los conflictos que surjan en la renovación de los convenios a un arbitraje vinculante.
Los agentes sociales aseguran que es inconstitucional obligar al arbitraje para resolver los conflictos, aunque el Ejecutivo defiende que no es así, ya que es una medida transitoria hasta que sindicatos y empresarios firmen el próximo acuerdo interconfederal.
Asimismo, la reforma fija un plazo máximo para la renegociación de los convenios, que será de ocho meses en el caso de los acuerdos con una duración inferior a los dos años y de hasta 14 meses para los que superen ese tiempo.
Sin embargo, la reforma ha suscitado las críticas tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales. Las patronales critican la "falta de valentía" del Ejecutivo y siguen reclamando la eliminación de la ultraactividad y una mayor flexibilidad interna, que deje en manos de los empresarios la decisión sobre el descuelgue de los convenios.
Por su parte, los sindicatos critican que se impongan los convenios de empresa a los de ámbito superior y denuncian el avance en el poder decisorio de las empresas sin aumentar el margen de actuación de la representación de los trabajadores.