El hombre que aterrizó en AENA para desterrar cualquier amago de privatización va a salir del gestor aeroportuario público un puñado de meses después de haber sostenido la bandera de su independencia de gestión frente al Estado y precisamente ante aquellos que lo auparon al cargo. Y es que a Jaime García-Legaz, presidente de la sociedad controlada en un 51% por el Estado a través de Enaire, le ha tocado lidiar en las semanas previas a la moción de censura con una ofensiva del área económica del Gobierno para incrementar la participación del Ejecutivo sobre el proceso de toma de decisiones del gestor aeroportuario.
Según aseguran fuentes del Gobierno saliente conocedoras del asunto, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos - el órgano colegiado en el que se debaten, antes de llevarlas al Consejo de Ministros, las principales iniciativas económicas del Gobierno- debatió en sus últimas sesiones la configuración de un esquema de participación más intenso del Gobierno en las decisiones del gestor aeroportuario público.
La maniobra se produjo en un contexto singularmente importante, con el Plan Estratégico de Aena para el periodo 2018-2021 en la pista de despegue, tras haber presentado un muy ambicioso plan inmobiliario para aprovechar los terrenos anejos a los aeropuertos de Madrid y Barcelona y con varias posibilidades en estudio para impulsar el despliegue internacional de una sociedad que no deja de ganar dinero.
Según fuentes conocedoras de las deliberaciones de la Comisión Delegada, las posiciones dentro del Gobierno no eran ni mucho menos unánimes respecto al asunto. A grandes rasgos se alineaban en dos bandos. El encabezado por el Ministerio de Fomento y defendido por AENA que abogaba por un esquema suave de control previo sobre aquellas operaciones de mayor cuantía o que implicaban un mayor riesgo para la compañía, y el ala más dura que planteaba la sistematización de un sistema de reporte con carácter trimestral o semestral sobre las actuaciones y planes del equipo directivo de la sociedad.
Como telón de fondo del movimiento, lo sucedido el año pasado, cuando el principal accionista privado de AENA - el fondo luxemburgués TCI y el entonces consejero delegado de la compañía, José Manuel Vargas- idearon una maniobra para pujar por Abertis dentro del proceso competitivo abierto por la OPA de Atlantia, que finalmente fue frustrada por la oposición del Estado, a través de Enaire, a la operación.
AENA recuerda que es una empresa cotizada
La posición de AENA sobre el asunto se remite a su condición de empresa cotizada. Desde la compañía recuerdan que el control de cualquier accionista, ya se trate del Estado o de cualquier otro, "se realiza en AENA con carácter permanente a través del Consejo de Administración, que se reúne mensualmente".
Hay que recordar que en el Consejo de Administración de AENA ya hay una mayoría de consejeros designados por el Estado, como accionista mayoritario, y cuyo perfil se corresponde con altos funcionarios del Ministerio de Fomento - en su mayoría - y del Ministerio de Economía. "A ellos les corresponde la función de controlar la gestión ordinaria y extraordinaria de todas las operaciones de AENA", recuerdan desde el gestor aeroportuario.
Pero hay más. La Junta de Accionistas de la compañía debe aprobar con carácter anual la gestión de los órganos de administración de la compañía y por si todo este esquema de control no fuera suficiente, existe una supervisión financiera específica por parte de la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuenta. Un esquema bastante completo.
Incertidumbre sobre el futuro
El cambio de Gobierno ha desactivado en principio esta iniciativa, que ahora continuará adelante o se meterá de forma definitiva en un cajón en función de lo que decida la nueva responsable de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
De momento, el nuevo titular de Fomento, José Luis Ávalos, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados, asegurando que no habrá grandes cambios en la estrategia de Aena - singularmente en la generosa política de pago de dividendos a los accionistas- a la espera de tomar una decisión sobre el actual equipo directivo del gestor aeroportuario. Este jueves se produjeron ya los primeros movimientos internos con la dimisión de dos consejeras dominicales de la compañía, María Jesús Romero de Ávila Torrijos y Alicia Segovia Marco, tras cesar en los cargos que ostentaban en el Ministerio de Fomento.
Todo apunta a que el proceso desembocará en el relevo del actual presidente y consejero delegado, Jaime García-Legaz, aunque el asunto podría dilatarse. "AENA no es como cualquier otra empresa estatal", aseguran fuentes de la empresa. "Es una empresa cotizada y las decisiones se deben adoptar en el Consejo de Administración. Primero tendrán que cambiar los consejeros y luego ya se verá que ocurre. Cualquier movimiento brusco puede afectar a la acción...".
La situación actual de AENA es tan boyante en lo financiero como crítica en lo estratégico. El gestor aeroportuario público ganó 1.232 millones de euros el año pasado y ha llegado a un punto de endeudamiento y capital disponible que le exige emplear ese potencial de algún modo. Desde esa perspectiva, el cambio de Gobierno y la paralización del Plan Estratégico - y de las presentaciones a inversores- suponen una amenaza.
Hay que recordar que el principal accionista privado de la compañía, el fondo luxemburgués TCI (que cuenta con cerca del 11% de las acciones de AENA), se desprendió del 2,7% de sus acciones el pasado mes de mayo, en un movimiento que algunos analistas atribuyen a la capitalización de las ganancias conseguidas desde la entrada en el capital del gestor y otros al fracaso del plan orquestado por TCI para que AENA pujara por Abertis tras la OPA de Atlantia.
El plan de TCI, que contaba con el respaldo del ex presidente de AENA, José Manuel Vargas, fue frenado finalmente por el Gobierno a través de la oposición al mismo de Enaire.
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