Unas semanas antes de ser derribado por la moción de censura, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Justicia, aprobó una controvertida Orden Ministerial en virtud de la cual encargó al Registro Mercantil la llevanza del registro público exigido por la Unión Europea a los 28 países del 'club' para controlar y documentar la titularidad real de las sociedades constituidas en los Estados Miembros de la Unión, como medida para perseguir el blanqueo de capitales.
El asunto derivó en controversia por varios factores. El primero es que ya existía una base de datos asimilable a ese registro, el denominado Índice Único Informatizado, con información sobre los titulares reales de 115 millones de documentos y que ya era utilizado por la Policía, los juzgados y las Administraciones Públicas para la investigación de delitos relacionados con el blanqueo. En segundo lugar, porque esa base de datos ya existente la gestiona el Consejo General del Notariado, que ha interpretado la Orden de Justicia como una maniobra para favorecer los intereses de los registradores frente a los suyos. Y en tercer lugar porque se da la circunstancia de que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era, para más 'inri', registrador de la propiedad.
Sobre esas bases se ha construido un conflicto a varias bandas entre colectivos profesionales, por un lado, y entre el Notariado y la Administración del Estado, por otro, a cuenta de la mencionada orden. Un conflicto que el diputado de En Comú-Podem (del Grupo Parlamentario Unidos Podemos), Jaume Moya, ha elevado al Parlamento tras registrar una batería de cinco preguntas sobre el asunto, que obligarán al nuevo Gobierno de Sánchez a pronunciarse sobre su mayor o menor conformidad con la orden dictada en su día por el Gobierno del PP.
La acción del diputado Moya i Matas forzará al Gobierno a posicionarse sobre si considera o no que la orden ministerial del pasado 21 de marzo garantiza de forma efectiva la protección de la privacidad de los titulares reales de las sociedades, cuando ésta corresponda a una o varias personas físicas. El Consejo General del Notariado ha argumentado en este sentido que su base de datos ya permite el acceso a la información a las administraciones públicas y los sujetos obligados, mientras que la institución- como hace la orden - de un esquema que pone esos datos sensibles a disposición de todo el público, al exigir su inclusión en la información regular que las sociedades están obligadas a proporcionar al Registro Mercantil, expone en exceso a los titulares reales y deja en entredicho su derecho a la intimidad.
El diputado de En Comú-Podem también incide en el presunto trato de favor a los registradores que conlleva la orden. En este sentido, pide al Gobierno que se pronuncie sobre si considera adecuado que la Orden otorgue al Registro Mercantil la custodia de ese registro público "a pesar de que la normativa europea no impone que sean accesibles por todo el público en general" y le cuestiona de forma directa sobre si entiende que la orden "supone un trato de favor al colectivo de registradores y registradoras en perjuicio del de notarios y notarias".
La batería de preguntas reclama la opinión del Gobierno sobre si el sistema implantado por esa orden es el más efectivo para luchar contra el blanqueo de capitales y prevenir delitos especialmente graves y le exige pronunciarse sobre si va a adoptar algún tipo de medida para revisar en todo o en parte la normativa aprobada por el Ejecutivo de Rajoy.
Los registradores, por su parte, recuerdan que los notarios intentaron llevar el asunto a la Audiencia Nacional sin éxito y subrayan que la gestión que los notarios han realizado hasta ahora de esa información es cuanto menos cuestionable, ya que se realiza a través de una empresa privada que percibe una remuneración por ceder esa información a terceros, por mucho que estén habilitados legalmente.
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