Ocu denuncia que el gobierno limitará los estudios "independientes y objetivos" sobre la calidad de los alimentos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció este martes que el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información "veraz" en la industria alimentaria al limitar la realización de estudios “independientes y objetivos” sobre la calidad de los alimentos.
Así lo señaló la organización en una nota en la que explica que el Ejecutivo planea aprobar de forma inminente un real decreto por el que se regula la realización de estudios y análisis comparativos en productos alimenticios que "roza la censura".
A su juicio, esto significará en la práctica “dificultar al máximo la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España”, después de que “finalmente parece que el Gobierno ha cedido a las presiones de la poderosa industria alimentaria, verdadera impulsora de esta iniciativa”.
OCU señaló que la industria alimentaria, “molesta” con los escándalos alimentarios destapados por la organización, como la leche, aceite de oliva o carne de caballo, ”ha presionado hasta conseguir un decreto que busca limitar la realización de estudios independientes y objetivos sobre la calidad de los alimentos en España”.
La norma que el Gobierno pretende aprobar vulnera, a juicio de OCU, el derecho a comunicar o recibir información veraz puesto que “establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios”.
En concreto, obliga a estas últimas a cumplir una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado. “Para el Gobierno tiene más importancia la supuesta defensa de la reputación de las empresas que la información a los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios”, lamentó.
Entre los aspectos “más críticos” de esta norma OCU advierte de que pone en peligro la confidencialidad de los laboratorios que realizan los análisis, lo que deja a estos “indefensos frente a las presiones del lobby de la industria alimentaria”.
Otro punto clave, añade, es el plazo mínimo de 20 días para publicar una información veraz sustentada por un análisis de laboratorio, aunque “lo más sangrante es que no existe ninguna norma similar en Europa”. “España, con esta disposición se sitúa a la vanguardia de países que cercenan la libertad de expresión”, agregó.
Por ello, OCU va a ponerse en contacto con diferentes colectivos, como organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, para concienciar de los “graves efectos” que la normativa que el Gobierno pretende aprobar, entre otras acciones.