Panamá mantuvo su pujanza económica con brotes de conflictividad social

Giovanna Ferullo

Panamá, 18 dic.- Panamá mantuvo en 2012 la senda de un crecimiento económico imparable pero salpicado de brotes de conflictividad social, fruto del rechazo de sindicatos, oposición y grupos civiles a iniciativas del Gobierno.

Las protestas y huelgas obligaron al presidente panameño, Ricardo Martinelli, a dar marcha atrás a iniciativas como la privatización de terrenos en la Zona Libre de Colón, la segunda más importante del mundo después de Hong Kong, o la venta de las acciones que el Estado mantiene en empresas de servicios que fueron privatizados.

La conflictividad social también incluyó manifestaciones callejeras de grupos indígenas que exigieron al Gobierno, sin éxito, la prohibición de proyectos hidroeléctricos en sus tierras ancestrales, que dejaron una persona muerta y pérdidas millonarias por un bloqueo de carreteras que duró una semana.

La polémica ley que permitía la venta de terrenos en la Zona Libre de Colón fue derogada por Martinelli el pasado 28 de octubre, menos de dos semanas después de su aprobación por la amplia mayoría oficialista en el Parlamento, y en medio de acusaciones opositoras de "intransigencia" oficial.

Tres personas murieron, incluido un niño de 10 años, y centenares más fueron detenidas durante las protestas en Colón, que se extendieron diez días y originaron un movimiento cívico en defensa del patrimonio del Estado, pero degeneraron en saqueos y destrucción de bienes públicos y privados tanto en Colón como en la capital.

La Zona Libre de Colón, que alberga más de 3.000 empresas y representa el 7,5 % del producto interior bruto (PIB), sufrió pérdidas calculadas en 6 millones de dólares diarios.

"Por más buena que sea una ley, si el pueblo no la quiere, no sirve", expresó el mandatario al derogar la ley y reconocer que su Gobierno se equivocó al pensar que la norma "estaba consensuada".

Las protestas callejeras opositoras también forzaron en junio pasado al magnate de los supermercados, de 60 años, a retirar del Parlamento sus propuestas para vender los paquetes accionariales mayoritarios del Estado en las empresas de servicios y otra para designar a tres magistrados del Supremo.

Martinelli dijo entonces que desistía de esas iniciativas en aras de "velar por la conservación del orden público y la tranquilidad social", y "para propiciar un amplio debate y un consenso" en torno a ambas cuestiones.

La oposición denunció que el dinero proveniente de la venta del 49% de las acciones públicas de la telefónica Cable & Wireless y de las empresas de generación y distribución eléctrica era para cubrir el déficit fiscal, cuyo techo fue elevado mediante la creación de un fondo soberano que también generó polémica.

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), aprobado por la mayoría oficialista en el Parlamento, llevó aparejada un alza en el tope legal del déficit hasta el 2,9 % del PIB para este año y su reducción progresiva a partir de 2013, hasta llegar al 1% del PIB en 2017.

Para la oposición, el alza del techo del déficit abre la puerta a un endeudamiento irresponsable, pero el Ejecutivo argumentó que la medida solo busca dar "flexibilidad" a esta administración y a la que entrará en 2014, ante la incertidumbre de la economía mundial.

El manejo por parte del Gobierno de la pujante economía panameña, cuyo PIB creció un 10,6 % en 2011, fue alabado a lo largo de este año por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y por calificadoras de riesgo como Fitch, lo que no aminoró las críticas opositoras que hablan de "despilfarro" y "corrupción".

El Ejecutivo proyecta un crecimiento del 10 % del PIB para este año, lo mismo que la Cámara de Comercio, que además espera que en 2013 se mantenga "alto" el ritmo de expansión y llegue al 8 % del PIB, según explicó a Efe Manuel Ferreira, uno de sus directivos.

Sin embargo, Ferreira alertó de que la conflictividad social podría afectar la percepción de los potenciales inversionistas y, por ende, la economía, algo que descartó el ministro de Economía, Frank De Lima.

"La llegada de la inversión extranjera directa indica que por los lados de los inversionistas no hay preocupación de lo que está pasando políticamente en Panamá. Creo que no debe haber ningún temor de que estas situaciones afecten nuestra economía en los próximos años", declaró De Lima a Efe.

Pero el propio Martinelli advirtió en octubre que "bajo ninguna circunstancia", las diferencias entre los panameños deben "poner en riesgo la estabilidad política o económica" del pequeño país centroamericano, de 78.000 kilómetros cuadrados y 3,4 millones de habitantes.