La nueva Ley de Minas que pretende sacar adelante el Gobierno no gusta al sector. Al menos, a las empresas y asociaciones que componen Primigea, la Confederación de industrias dedicadas a la explotación de materias primas minerales, que ha cuestionado la necesidad de poner en marcha una nueva norma al considerar que la vigente, promulgada en 1973 y por tanto, preconstitucional, todavía acredita su validez.
El Gobierno lanzó hace unas semanas la consulta previa correspondiente a la tramitación de esta nueva legislación, con el fin de tomar el pulso al sector minero y conocer sus inquietudes y reclamaciones. Sin embargo, las asociaciones y compañías agrupadas en esta confederación han mostrado su predisposición a mantener la norma vigente, al haber logrado seguridad jurídica y "un marco estable de regulación del régimen minero".
En sus alegaciones, Primigea cuestiona las intenciones del actual Ejecutivo y propone una "actualización limitada" de la norma. Pone como ejemplo todos los intentos previos de reformarla o sustituirla, sin que ninguno llegara a completarse "por no haber logrado plasmar un régimen jurídico minero mejor que el contemplado en esa Ley".
Demandan esperar a la normativa europea
El rechazo del sector minero se complementa con la petición de esperar a que Bruselas se pronuncie sobre la Ley Europea de las materias primas críticas, esenciales y estratégicas, otra norma cuyo reglamento está actualmente en tramitación y que "con total probabilidad incidirá de modo significativo e inmediato en el ordenamiento jurídico". Primigea considera, por tanto, "prematuro" el abordar esta modificación o actualización de la ley de 1973 hasta que no se apruebe y se sepa cómo desarrollar la normativa europea.
Respecto a los problemas que tiene que enfrentarse el sector a día de hoy, la Confederación considera que "la mayor parte de factores que ralentizan la tramitación de procedimientos no vienen derivados de la actual Ley de Minas, sino de la aplicación general del resto de normativas sectoriales".
En cambio, sí solicitan la puesta en marcha de una nueva ley que fomente las materias primas minerales sostenibles. Esta norma permitiría, a su juicio, aclarar y reconfigurar determinados aspectos como la técnica minera, el establecimiento de beneficio, separar la duración de los proyectos de los derechos mineros o una aplicación específica de las reglas de expropiación forzosa.
En cuanto a la Ley de Minas actual, proponen que, en caso de modificarse, sea para adaptarse a las comunidades autónomas -ya que actualmente obedece a la organización territorial del estado en la dictadura-, así como incorporar instrumentos de coordinación entre las autonomías. También piden garantizar el derecho a la libertad de empresa, que se mejore la seguridad jurídica de las nuevas iniciativas o se agilicen los trámites.
Otras medidas propuestas por la patronal minera son la creación de entidades certificadoras de la industria extractiva, similares a las que ya existen a nivel urbanístico, para coordinar los trámites burocráticos; delimitar las competencias de los ayuntamientos, o crear una Agencia Española de Materias Primas Minerales que centralice las competencias y actividad institucional del sector.
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