Las autonomías abren un nuevo agujero de 14.000 millones a sus proveedores

Poco han tardado las comunidades autónomas en volver a generar una bolsa de deuda comercial con sus proveedores después de que este año el Fondo de Pago a Proveedores articulado por el Ministerio de Hacienda les permitiera ponerse al día de sus facturas sin pagar.

Según la información presupuestaria publicada por el Ministerio de Hacienda, las autonomías sólo habían reconocido hasta el pasado mes de noviembre el 90% de los gastos en que habían incurrido en ese periodo, generando una deuda, principalmente con sus proveedores de bienes y servicios, de 13.771 millones de euros.

Una parte de esa deuda podría explicarse por el plazo de tiempo normal que suele transcurrir entre la prestación efectiva de un servicio o la provisión de un bien y el trámite administrativo del reconocimiento formal del gasto por parte de la Administración, que suele oscilar entre 15 y 30 días.

Sin embargo, para expertos como Juan Rubio-Ramírez, profesor de la Universidad de Duke e investigador de Fedea, o José Manuel Amor, Miguel Arregui y César Cantalapiedra, de Funcas, el fenómeno podría tener relación directa con las presiones sobre las comunidades autónomas para cumplir el objetivo de déficit del 1,5% del PIB establecido por Bruselas para 2012.

¿Qué relación tiene ese retraso en el reconocimiento del gasto con el ajuste del déficit? Muy sencillo. Mientras la Administración de turno no reconozca la obligación de gasto, éste no figurará como tal en los Presupuestos y, por tanto, no se contabilizará a la hora de calcular el déficit de las cuentas públicas.

Un ejemplo. Supongamos que una comunidad autónoma contrata para un determinado ejercicio servicios de mensajería por valor de 300.000 euros, que luego va reconociendo a medida que se producen.

Supongamos ahora que tiene problemas de liquidez y va justa para cumplir con el objetivo de déficit al que está obligada y decide por ambos factores estirar el plazo que transcurre entre la percepcion del servicio y el reconocimiento del pago.

Podría ocurrir perfectamente que a final de año hubiera percibido la totalidad de los servicios de mensajería contratados, por valor de 300.000 euros, pero que únicamente hubiera reconocido obligaciones de gasto por, digamos, 200.000 euros.

A efectos de Contabilidad Nacional, que es la metodología en función de la cual se calcula el déficit, el gasto por ese concepto en que habría incurrido la comunidad autónoma sería de 200.000 euros, no de 300.000, ya que únicamente se tienen en cuenta las obligaciones reconocidas a lo largo de un ejercicio determinado, generando a efectos prácticos un ahorro de 100.000 euros respecto a lo inicialmente previsto.

Esos 100.000 euros pasarían a ese inquietante limbo de las facturas en el cajón (que definen los gastos en que efectivamente se ha incurrido, pero que no han sido reconocidos presupuestariamente) que tan popular se hizo en el tramo final del Gobierno Zapatero debido a las denuncias del actual ministro de Hacienda y entonces diputado en la oposición, Cristóbal Montoro.

¿Significa esto que el proveedor de servicios de mensajería se quedará sin cobrar? En absoluto. La obligación de pago puede reconocerse perfectamente en el ejercicio siguiente constituyendo un gasto, sí, pero en la cuenta presupuestaria de 2013.

En noviembre, este decalaje entre el gasto en que incurrieron las comunidades autónomas y el que efectivamente reconocieron se aproximó a los 14.000 millones de euros, cerca de 1,4 puntos del PIB, un suculento colchón que podría marcar la diferencia entre cumplir con Bruselas o desviarse de forma muy importante.

¿Problema de gestión o estrategia para cumplir el déficit? En opinión de los investigadores que han estudiado el fenómeno en la última edición de los Cuadernos de Información Económica de Funcas, "las dificultades para acceder a nueva financiación y el retraso en la ejecución de las medidas de control del gasto han vuelto a generar una bolsa de deuda comercial en las comunidades autónomas", que, a su juicio, van a obligar a hacer permanente el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Dudas sobre el cumplimiento de las comunidades autónomas

El investigador de Fedea, Juan Rubio-Ramírez, ya advirtió a la luz de los datos de agosto que las comunidades autónomas sólo podrían sortear la desviación respecto al objetivo del 1,5% del PIB incurriendo en prácticas contables que tuvieran a los proveedores como principales damnificados: retrasos en los pagos o facturas en el cajón.

En realidad, los datos de la ejecución presupuestaria hasta noviembre ofrecen indicios de ambas prácticas. Las comunidades autónomas no sólo están retrasando el acto administrativo del reconocimiento de la obligación de pago sino que mantienen 17.000 millones de euros ya reconocidos como gasto sin pagar a sus proveedores.

Esta circunstancia, no obstante, es habitual y, además, este fenómeno sólo tiene efectos sobre la gestión de caja de la comunidad autónoma, no sobre su eventual cumplimiento del déficit. Una vez se reconoce el gasto éste se considera como tal en términos de cálculo del déficit independientemente de que el pago se haya producido o no.

La Región de Murcia aparece como la comunidad autónoma que de forma más intensiva ha utilizado la estrategia de no reconocimiento de los gastos. Hasta noviembre, la Administración murciana no había tramitado la obligación de pago sobre el 21% del total de gasto en que había ocurrido, unos 1.085 millones de euros.

Canarias (13,2%), Galicia (12,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%) son otras comunidades que también mantenían importantes partidas de gasto sin reconocer a mes de noviembre.

Pese a todo, habrá que esperar a diciembre para constatar si las comunidades autónomas han recurrido a este truco contable para cuadrar sus cuentas y hasta qué punto lo han hecho.