Los cerca de tres millones de empleados públicos que hay en España podrían acabar recuperando unos 120 euros de media de la paga extra no cobrada de la pasada Navidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido el derecho de los empleados públicos de la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid al cobro de los días devengados entre la percepción de la paga extraordinaria del mes de junio y el momento de la entrada en vigor del Real Decreto gubernamental que establecía la supresión de la paga de Navidad para todos los funcionarios.
En concreto, catorce días, que según el tribunal, los empleados públicos del instituto dependiente de la Comunidad de Madrid tienen derecho a percibir ya que los derechos de cobro sobre esos días fueron devengados antes de la decisión del Gobieno de suprimir la paga extra de Navidad, según defendía el recurso planteado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
Lo más relevante de la sentencia es, según el sindicato CCOO, su carácter referencial y, por tanto, la posibilidad de que los principios de fondo de la misma puedan aplicarse a la avalancha de recursos jurídicos que los sindicatos han plantado en todos los niveles administrativos y para las distintas categorías de empleados públicos: funcionarios, personal laboral, etc...
Máxime cuando la sentencia del TSJM se apoya en una doctrina prestablecida por el Tribunal Supremo, que viene a decir que las pagas extraordinarias son un derecho adquirido por parte de los trabajadores que si bien se cobran de una sola tacada se generan día a día.
CCOO estima en un comunicado que "el contenido del fallo debe hacerse extensivo al conjunto del personal asalariado que dearrolla su actividad laboral retribuido en la administración del Estado, comunidades autónomas o entidades locales" e insta al Gobierno a aceptar al reconocimiento de este derecho para evitar la proliferación de demandas colectivas.
El sindicato estima que el coste del reintegro de estas cantidades para las Administraciones Públicas ascendería a 33 millones de euros y supondría una paga media de 120 euros para los empleados públicos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es firme y contra ella cabe el recurso por parte de la Administración.
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