Ponga justifica la compra de alimentos con las 'black' porque eran para hacer "regalos"

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu preguntó este martes al exsecretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato e inspector de Hacienda en excedencia, Estanislao Rodríguez Ponga, si considera que hacer la compra en los hipermercados de El Corte Inglés se puede considerar "gastos de representación".

En la segunda jornada de declaraciones de los imputados por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, el magistrado tomó declaración a nueve personas que le aseguraron que siempre creyeron que su tratamiento fiscal se ajustaba a la legalidad.

Pese a ello, varios reconocieron que los asuntos relacionados con estas tarjetas no se trataban en el Consejo de Administración y se manejaban "con secretismo", al igual que lo relativo a la remuneración del presidente de la entidad, Miguel Blesa, de la que lo único que sabían es que era "un 15% superior al salario del directivo mejor pagado" de la caja.

Casi todos se quejaron de que los datos que obran en poder del juez contienen erroreso apuntes duplicados y explicaron que ya han presentado declaraciones paralelas para cumplir con sus obligaciones fiscales.

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pidió fianzas civiles para los nueve imputados que declararon hoy, con el fin de cubrir la cantidad que los exconsejeros y exdirectivos gastaron con las tarjetas opacas.

El imputado que aportó un dato más novedoso fue José María de la Riva, nombrado consejero a propuesta del PSOE y que gastó 209.900 euros. Aseguró al juez que hizo una consulta sobre el tratamiento fiscal de lo gastado con las tarjetas y le respondieron que Hacienda estaba al tanto de su uso y que era correcto. No identificó al interlocutor que le hizo dio esta información.Regalos

Rodríguez Ponga, que gastó 255.400 euros con su tarjeta y que está imputado por un supuesto delito de administración desleal, hacía todas sus compras de alimentación en los Hipercor de El Corte Inglés y gastaba de cada tacada entre 300 y 500 euros, hasta superar los 90.000.

Al juez le dijo que se trataba de gastos de representación que, a diferencia de las dietas destinadas a los empleados, "no tienen que justificarse". De hecho, al ser nombrado consejero, Rodríguez Ponga preguntó si iba a tener "coche, chófer, teléfono o despacho", a lo que le respondieron que no, pero que le darían una tarjeta con un límite de gasto que llegó a ser de hasta 50.000 euros.

En una de las pocas intervenciones del juez durante el interrogatorio, Andreu preguntó al imputado si entendía que pagar "en el súper de El Corte Inglés podía ser considerado gasto de representación". Ponga alegó que dada su condición de consejero, era importante hacer "regalos".

El magistrado le reclamó entonces el listado de los destinatarios de esos obsequios, pero el exresponsable de la Hacienda pública bajo el Gobierno de José María Aznar respondió que ya no recordaba a quién hizo regalos porque "ha pasado mucho tiempo".

Insistió, eso sí, en que confiaba en que el importe de lo gastado con la tarjeta constara en el certificado de retenciones que le facilitaba la entidad y alegó que dada la profusión de consejos en los que participaba, no fue capaz de darse cuenta de si esos pagos estaban incluidos o no.

Por su parte, José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Comercio con Rodrigo Rato y que gastó 175.400 euros con su tarjeta, afirmó que se la facilitaron para "gastos discrecionales", pero "con un límite".

Siempre consideró que la caja se ocupaba de los temas fiscales e informó al juez de que ha presentado una paralela, además de intentar hasta en cuatro ocasiones hacer una transferencia a la Fundación Caja Madrid que le fue rechazada. Por eso, decidió abrir un depósito notarial por 175.400 euros, del que aportó el justificante.

Ricardo Romero de Tejada (212.200 euros), secretario general del PP de Madrid y alcalde de Majadahonda en aquella época, se gastó, por ejemplo, 26.000 euros en puros. Declaró al juez que la tarjeta estaba destinada a cubrir gastos de representación inherentes al cargo. Aseguró que a su entrega le dijeron que podía disponer "discrecionalmente" de ella, pero "con prudencia y ciertos límites". Evaluó en un "70 u 80%" el volumen de gasto inherente al cargo."Incómodo"

El exministro socialista Virgilio Zapatero, uno de los más austeros, cargó a su tarjeta 35.977 euros. Explicó que no le sorprendió que le entregaran una tarjeta, aunque siempre se sintió "incómodo" por la falta de fiscalización de los gastos y acabó entregando el 24 de mayo de 2012, antes de que estallara el escándalo, las facturas de los bienes o servicios que adquirió con ella.

Indicó al juez que era el encargado de acercar la universidad a las cajas, por lo que sí tuvo gastos de representación. En noviembre de 2014, ya con el escándalo sobre la mesa, hizo un ingreso por la diferencia entre lo que sumaban las facturas y el total gastado.

El sindicalista Francisco Baquero, de CCOO, declaró sobre los 266.433 euros que gastó, entre otras cosas, en pagar el colegio y viajes. Insistió en que la tarjeta se la entregaron para "gastos propios", que nunca superó el límite y que los datos que tiene Hacienda no coinciden con los que obran en el juzgado. Además, le advirtieron de que no podía hacer extracciones en metálico.

Alberto Recarte, consejero a propuesta del PP, gastó 139.900 euros y llegó a pedir que le cambiaran un reloj conmemorativo de la entidad rescatada, valorado en unos 12.000 euros, por dinero. Declaró que la tarjeta tenía un carácter mixto, de representación y personal. Pese a tener "dudas" sobre la legalidad de estos ingresos, siempre le aseguraron que podía estar tranquilo.

Reconoció que todo lo relacionado con el uso de estas tarjetas era muy "reservado", no se trataba en los consejos y, en todo caso, "había mucho secretismo", igual que con el salario de Blesa, del que sólo sabían que era "un 15% más alto que el del directivo mejor pagado".

También declaró Jesús Pedroche, exconsejero de Presidencia de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, con un gasto de 132.200 euros, de los que 10.000 fueron en arte sacro. Sostuvo que la tarjeta estaba destinada a gastos personales, porque los consejeros "no pueden representar a la caja", una tarea reservada a los directivos, que "tenían dos tarjetas".

También compareció Mercedes Rojo, exsecretaria de Esperanza Aguirre, que cargó a su tarjeta 199.300 euros. Dijo que era de uso personal y explicó al juez que ya ha hecho una complementaria. Antonio Romero Lázaro (250.000 euros), exsecretario de Organización del PSM, no compareció este martes y su declaración se ha trasladado al miércoles.Versiones contradictorias

En la jornada de declaraciones del lunes, los consejeros también ofrecieron versiones contradictorias sobre este asunto ante el juez Andreu. El magistrado tiene previsto interrogar hasta este miércoles a los 27 miembros del Consejo de Administración de la entidad que participaron en este sistema de pagos irregulares que afecta a personas de casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones patronales.

El lunes prestaron declaración los diez primeros, imputados por apropiación indebida y administración desleal, quienes aseguraron que tras la llegada de Blesa y su mano derecha en el consejo, Enrique de la Torre, las tarjetas dejaron de estar vinculadas a los gastos de representación.

Los interrogados el lunes aseguraron que les dijeron que las tarjetas eran para gastos personales, con el límite anual y mensual fijado en cada tarjeta, que oscilaba en función del cargo y la dedicación de cada consejero, y de la confianza que Blesa tuviera depositada en ellos.El empresario Arturo Fernández y el sindicalista José Ricardo Martínez declaran este miércoles

El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y el exsecretario general de UGT en la región José Ricardo Martínez declararán mañana, miércoles, como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid, informaron fuentes jurídicas.

El que fuera máximo representante de los empresarios madrileños, que gastó 37.300 euros, y su homólogo sindical, con unos cargos de 44.200 euros, forman parte de la última tanda de exconsejeros de la caja madrileña que deben comparecer para dar cuenta del uso que hicieron de sus visas opacas, en las que los exdirectivos de la caja madrileña cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

Junto a ellos están llamados a declarar el exsecretario de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Antonio Romero, que gastó 252.000 euros; los también socialistas Jorge Gómez (98.200 euros) y María Enedina Álvarez Gayol (47.000); los vocales a propuesta del PP Carmen Cafranga (175.200 euros) y Luis Blasco (51.500) y el representante de CEIM Javier López Madrid (34.800).

Todos ellos están imputados, junto a los otros 16 exconsejeros que el juez ha interrogado esta semana, por un delito de administración leal, que habrían cometido por autorizar el uso de los plásticos, y otro de apropiación indebida, que se podría atribuir a los 82 exdirectivos que los utilizaron.