La presidenta del Grupo Eulen, María José Álvarez, ha decidido abandonar todos los cargos ejecutivos que ocupaba en la estructura de CEOE desde que en diciembre de 2018 el recién elegido Antonio Garamendi la reclutara como uno de sus fichajes estrella para el nuevo organigrama de la organización empresarial tras el relevo de Juan Rosell, según ha podido saber La Información y han confirmado fuentes de Eulen. Álvarez formaba parte del Comité Ejecutivo de CEOE, el órgano colegiado que opera como instrumento de gobierno permanente de la patronal, y ocupaba también la Presidencia de la Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas de la organización empresarial, una escisión de la histórica Comisión de Concesiones y Servicios cuya constitución se produjo en buena medida por su impulso e implicación personal en el proyecto.
Fuentes del gigante de los servicios explican la salida de Álvarez de la estructura ejecutiva de CEOE por su voluntad de centrarse en la gestión de su grupo empresarial después de más de dos años implicada en el gobierno de la principal organización empresarial del país y tras las singulares circunstancias que concurrieron en el ejercicio de 2020 y que han supuesto importantes desafíos para todas las empresas del país. El Grupo Eulen cerró el año de la pandemia con una facturación de 663 millones de euros en España, ligeramente superior a la de 2019, pero vio recortados sus beneficios más de un 80%, de 45 a 8 millones de euros. Y ello pese al respaldo que supusieron los ERTE solicitados por la empresa, que en los primeros compases de la pandemia protegieron a 6.634 empleados y bajo lo que al cierre del ejercicio aún permanecían 785 trabajadores de la compañía.
Fuentes empresariales consultadas por La Información apuntan, además, a un cierto cansancio con las singularidades de la dinámica interna de la CEOE, más burocratizada y menos ejecutiva de lo que al parecer le hubiera gustado a la presidenta del Grupo Eulen. En estos meses, Álvarez se ha mostrado muy crítica con el Gobierno en asuntos como el Salario Mínimo, cuyo impacto se deja notar particularmente en los servicios intensivos en mano de obra, o su enfoque sobre la regulación de la subcontratación, que ha contribuido a convertir en una de las líneas rojas de la negociación de la reforma laboral.
En este sentido, ha sostenido que una eventual internalización de servicios en empresas y administraciones públicas al calor de una visión restrictiva de la subcontratación en la normativa española no sólo amenazaría la supervivencia de un puñado de empresas sino también el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo.
Desde la Comisión de Servicios de CEOE, María José Álvarez ha defendido a nivel interno con especial intensidad la derogación de la ley de desindexación y la compensación en los contratos públicos de los que viven en parte las empresas de servicios a las que representaba hasta hace unas semanas del impacto de las medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno, que incrementan los costes de los contratistas pero que no se traducen en una mejora de la dotación económica de los contratos. CEOE ha incorporado estos puntos a su agenda de negociación con el Gobierno pero al menos hasta la fecha no ha logrado sacarlos adelante.
Su puesto al frente de la Comisión de Servicios lo ha ocupado el que fuera vicepresidente, Javier Sigüenza, que ejerce como secretario general de las asociaciones de mantenimiento y servicios energéticos (AMI); de empresas de redes de calor y frío (ADHAC); de empresas de parques y jardines (Aseja); de entidades de servicios de atención a domicilio (Asade); y de proveedores de tráfico aéreo liberalizado (APCTA).
Uno de los 'fichajes estrella' de Garamendi
María José Álvarez fue una de las incorporaciones estrella con las que Antonio Garamendi lustró su aterrizaje en la Presidencia de CEOE. Decidido a reforzar la visibilidad pública de la organización, Garamendi multiplicó las vicepresidencias de la patronal para dar cabida a perfiles reconocibles como el exsecretario de Estado de Economía con Luis de Guindos, Íñigo Fernández de Mesa; el presidente de la principal organización de autónomos del país, Lorenzo Amor; o la empresaria Inés Juste, del Grupo Juste; y entregó la Presidencia de la Fundación CEOE a la exministra Fátima Báñez.
La segunda parte de la estrategia fue salpicar la Ejecutiva de CEOE, tradicionalmente copada por los representantes de las organizaciones territoriales y sectoriales que conforman la confederación empresarial, con perfiles de empresarios de reconocido prestigio como Gonzalo Sánchez, presidente de PWC España; Ricard Cabedo, de Mercadona; Juan Moral de la Rosa, de El Corte Inglés: la propia Inés Juste; o María José Álvarez, presidenta del mayor grupo empresarial de servicio español, en un intento por contestar la recurrente crítica que define a la CEOE como una organización empresarial sin empresarios.
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